Empresarios celebraron la agenda de competitividad del MEF, pero advirtieron por el alto gasto del Estado

El empresariado reclamó que la competitividad no se recuperará solo con trámites inteligentes, sino con una reducción real de la estructura estatal.

La dirigencia empresarial reconoce que el MEF actúa donde tiene acción directa, pero reclama abordar las reformas de fondo.

Foto: Freepik

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, se reunió el pasado martes con representantes del empresariado en el marco de un diálogo que viene ganando temperatura desde que el gobierno presentó, a mediados de marzo, su agenda de reformas para mejorar la competitividad.

Al salir del encuentro, Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, fue claro en su evaluación: hay señales positivas, pero el fondo del problema todavía no está resuelto.

"El ministro está haciendo algo positivo", dijo Loureiro, y aclaró que las medidas anunciadas en las últimas semanas "están relacionadas específicamente con cuestiones en las que el MEF tiene acción directa", mencionando a la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana como los organismos protagonistas de los cambios. Para el titular de la gremial empresarial, eso es "una buena señal", ya que el gobierno está actuando donde puede actuar, sin esperar procesos más lentos ni depender de terceros.

Sin embargo, Loureiro fue igualmente preciso en identificar el punto de tensión que persiste: "Nos preocupa el costo del Estado; el gasto y el costo". La agenda de competitividad microeconómica, aunque parece bienvenida, no alcanza por sí sola para resolver los desafíos de fondo que enfrenta el sector privado.

Qué anunció el MEF y por qué entusiasmó al empresariado

Para entender el contexto de las declaraciones de Loureiro hay que remontarse al 17 de marzo, cuando el presidente Yamandú Orsi y el ministro Oddone presentaron en conferencia de prensa una agenda concreta de reformas microeconómicas. El paquete incluyó cuatro medidas de aplicación inmediata, que no requieren aprobación parlamentaria, más el anuncio de un proyecto de Ley de Competitividad e Innovación que el Ejecutivo enviará al Parlamento antes del 31 de mayo.

Las cuatro medidas que entraron en vigor a la brevedad apuntan directamente a reducir costos operativos en el comercio exterior, y son exactamente las que mencionó Loureiro al referirse a DGI y Aduana.

La primera es la eliminación de la intervención previa de la DGI en operaciones de comercio exterior. Hasta ahora, importadores y exportadores debían realizar trámites ante la DGI antes de liberar mercadería. Con el cambio, ese control se realizará de forma posterior, lo que implica una mejor coordinación entre DGI y Aduana y alcanza a unas 25.000 operaciones anuales, equivalentes al 15% del comercio exterior total.

La segunda es la digitalización total del sistema aduanero. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) solo exigirá soporte electrónico para gestionar y archivar operaciones, eliminando la necesidad de guardar documentación en papel por cinco años. El impacto se mide en las cerca de 400.000 operaciones aduaneras anuales que hoy generan costos de almacenamiento físico.

La tercera es una facilidad de pago para el comercio exterior. Las empresas podrán disponer de la mercadería antes de tener que desembolsar los tributos aduaneros, pagando dentro de los 30 días posteriores al acceso a la carga. Para las pymes importadoras, que hoy deben fondearse antes de disponer de la mercadería, esto representa un alivio financiero concreto.

La cuarta es una reducción de costos aduaneros con tres componentes: eliminación del precinto electrónico, reducción del plazo de devolución de tributos a exportadores con operadores económicos calificados de 210 a 30 días, y eliminación del canal rojo de Aduana como categoría fija, aplicando controles físicos únicamente en base a criterios de análisis de riesgo. El MEF estima que el conjunto de estas medidas genera un ahorro de unos US$ 20 millones al año para el comercio exterior.

El tipo de cambio no es la variable

Más allá de las medidas puntuales, el discurso de Oddone en la presentación del 17 de marzo estableció una coordenada conceptual importante, que también resuena en las preocupaciones del empresariado. El ministro fue enfático en afirmar que la mejora de la competitividad "no puede venir de la política macroeconómica", descartando el tipo de cambio como instrumento porque "es inefectivo" y tiene consecuencias sobre la inflación y el ingreso de las personas.

La apuesta del gobierno es otra: trabajar sobre la productividad, la eficiencia del sector público y la eficiencia del sector no transable. En ese marco, Oddone fue cuidadoso en aclarar que la agenda no es "de desregulación", sino de mejora selectiva de procesos: no se trata de eliminar controles, sino de hacerlos más inteligentes y menos costosos.

Lo que todavía preocupa

La valoración de Loureiro no oculta, sin embargo, una tensión de fondo. El empresariado reconoce que el MEF está usando las herramientas que tiene a mano, pero el problema estructural que más les quita el sueño, el nivel del gasto público y el costo que implica sostener el Estado, no se resuelve con simplificación de trámites aduaneros.

En un contexto internacional complejo, con presiones sobre la competitividad del sector exportador y una brecha de costos que Uruguay arrastra históricamente frente a sus vecinos, la agenda microeconómica del MEF es vista como un paso necesario pero no suficiente. El diálogo entre Oddone y las cámaras empresariales parece destinado a continuar, con esa tensión como telón de fondo.