En Argentina se relanza un proyecto de eutanasia tras "el impulso de la aprobación en Uruguay"

Un diputado del país vecino se inspiró tras la ley sancionada por el Parlamento y reinstala el debate por la “muerte digna”.

En Argentina retoman el impulso de Uruguay y buscan avanzar con una ley de eutanasia. 

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En Argentina buscan relanzar el debate sobre la eutanasia con un proyecto de ley de “muerte digna”, presentado por un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) que asegura que “la aprobación en Uruguay sin duda fue un impulso”.

El legislador que introdujo el texto en el Congreso del país vecino es el exvicepresidente Julio Cobos, quien considera que la presentación tras la promulgación en suelo uruguayo “es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, según comentó en diálogo con Infobae.

"Esta ley es relevante, es oportuna y es necesaria. El silencio que causa su falta solo consigue amplificar los lamentos de quienes sufren por tal ausencia", sostuvo Cobos semanas atrás al recordar la iniciativa en la Legislatura de la provincia de Mendoza, mientras que llamó a “ponerla en discusión, estudiarla en profundidad y escuchar a todas las partes”.

“Que un país vecino como Uruguay haya dado luz verde a la ley puede resultar un impulso para el tema, la sociedad ha madurado y ha reflexionado”, insistió Cobos.

El proyecto de eutanasia y las diferencias con el de Uruguay

La iniciativa que propone el legislador argentino propone que la eutanasia sea practicada por un médico que administre directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante o, en el caso del suicidio asistido, que el propio paciente se autoadministre la medicación prescripta.

Entre los requisitos aparece ser mayor de edad, argentino o residente por al menos 12 meses, padecer una enfermedad grave o un sufrimiento crónico, y haber recibido información completa sobre cuidados paliativos, incluyendo la presentación de dos solicitudes con 15 días de diferencia, con testigos y validación judicial o notarial. Al igual que en Uruguay, el texto contempla la objeción de conciencia para profesionales que no deseen participar, pero garantiza el acceso al procedimiento en centros de salud públicos o privados.

En el país, la ley que espera por su reglamentación establece que el pedido al médico será de carácter personal y contempla la ratificación de la voluntad “libre, seria y firme” del solicitante, así como la constatación de un segundo profesional, que no sea subordinado del primer médico ni tenga vínculos de parentesco con él o con el paciente.

Cumplido este paso, el solicitante deberá confirmar nuevamente su voluntad y declararla luego ante dos testigos que no puedan beneficiarse económicamente a causa de su muerte, para que luego el médico siga adelante con el procedimiento.