La entidad financiera ganó el juicio iniciado contra la exgerenta, que deberá pagar los 6.566.733 pesos otorgados "fuera de sus facultades" a la empresa de Juan Ignacio Ruglio.
El Banco República Oriental del Uruguay recuperará más de 6,5 millones de pesos.
Una exgerente del Banco República Oriental del Uruguay (BROU) fue condenada a pagar una suma de 6.566.773 pesos —más reajustes e intereses— a la institución financiera por haber otorgado sobregiros “fuera de sus facultades” a Dibels S.R.L., empresa que pertenece al presidente de Peñarol Juan Ignacio Ruglio, y a su esposa.
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El juez civil de 13° Turno, Gustavo Nicastro Seoane, falló a favor del BROU en el juicio iniciado en 2019 contra Dibels S.R.L., con el objetivo de recuperar los sobregiros totales por 6.566.733 pesos —alrededor de 171.000 dólares— que la exgerente del banco otorgó y que no fueron cubiertos ni por Ruglio ni por su esposa, quienes figuran como garantes de la empresa en cuestión.
Según la sentencia, el juez hizo lugar a la demanda del Banco República porque “resultaron hechos no controvertidos y, además, probados” que ella se desempeñó en la gerencia de la agencia Avenida Italia entre agosto de 2017 y enero de 2019; así como que “autorizó sobregiros más allá de sus facultades”; y que ni la empresa ni sus garantes “pagaron sus deudas” con el BROU, tal y como informó El País.
La responsabilidad sobre la exjerarca fue atribuida por el mismo banco al considerarla causante primera del perjuicio económico que sufrió la institución financiera; mientras que la acusada se defendió diciendo que fue el BROU el que incurrió en una omisión de ejercer la vigilancia y los controles respectivos a los sobregiros, y que la entidad tampoco realizó gestiones exhaustivas para el recupero de la deuda. De todos modos, el juez no hizo lugar a esos argumentos, y le dio la razón al banco.
Entre otros argumentos que Seoane halló en contra de la acusada estuvieron el hecho de que ésta no recurrió la sanción que el Directorio del BROU le impuso en octubre del 2019 —suspensión por 180 días bajo la imputación de culpa grave— ni acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a demandar su anulación; y que la exgerenta “aceptó su responsabilidad” en el sumario que se le labró entonces a pesar de que la negó luego durante el juicio.
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