Hombres menores de 35, los deudores irrecuperables de Uruguay

En el país, el 71% tiene un crédito en el sistema financiero formal y son 690.000 personas las que tienen deudas "problemáticas", según el informe de la Comisión Técnica Administrativa de AEBU.

690.000 personas en Uruguay son consideradas deudores irrecuperables.

En Uruguay, los hombres deudores menores de 35 años son quienes tienen mayores problemas para afrontar los créditos dentro del universo de 690.000 personas que se encuentran sobreendeudadas en el país, según el informe de la Comisión Técnica Administrativa (CTA) de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).

La situación del endeudamiento de las personas físicas es un problema acuciante en el país, que afecta mayormente a las familias —un tercio del sector (que representa el 97% de las operaciones) tiene categorías problemáticas— y, principalmente, a los hombres menores de 35 años.

En general, el documento registra que, en cualquier tramo de edad, los hombres son quienes tienen mayores problemas para cumplir con los pagos de sus créditos y, por lo tanto, cuentan con peores calificaciones. Sin embargo, el segmento menor a 35 años es el que tiene un mayor número de deudores “problemáticos”, con un total de 44%.

No parece ser casualidad: Uruguay es el país con el desempleo joven más alto de América Latina. Según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), 6 de cada 10 personas desempleadas tiene menos de 30 años en el mismo país que tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la región, dando cuenta de la problemática concentrada en un rango etario. Por lo tanto, el sector que más deudas irrecuperables tiene es también el que tiene más comprometida su estabilidad laboral.

El sobreendeudamiento en Uruguay, un gran problema

Casi dos millones de personas, el 71% de la población mayor de 18 años en Uruguay, figura como tomadora de crédito para el Banco Central del Uruguay (BCU); es decir, la gran mayoría de la población debió recurrir al financiamiento formal por diversas razones. De este total, actualmente, son 690.000 personas las que se encuentran sobreendeudadas, el 36% de las personas que tienen un crédito en el sistema financiero uruguayo dentro de lo que se considera el sector familia, según el informe de la CTA de AEBU, con datos de febrero pasado.

Este amplio porcentaje de personas no gozan de buena “salud financiera”, por lo que cuentan, además, con grandes dificultades para acceder al financiamiento formal de calidad. Una situación que deriva en recurrir a alternativas con peores condiciones, que solo incrementan el nivel de endeudamiento de las personas, en lugar de solucionarlo.

Dentro de este rango general, son los más jóvenes y los hombres quienes tienen mayores problemas para cumplir con los pagos estipulados en un crédito, si bien son las mujeres a las que se les presentan las mayores dificultades al momento de acceder a un crédito por primera vez.

De las 690.000 personas sobreendeudadas en Uruguay, un 29% son menores a 36 años, el 58% tienen entre 36 y 70, y el 12% son mayores a 70.

A pesar de la magnitud de las cifras, la CTA de AEBU reconoce que la información disponible públicamente es sumamente escasa y no permite dimensionar de forma muy clara la dimensión real del fenómeno. Por lo que existen diversas situaciones de endeudamiento que no están registradas, ya sea porque no están reguladas por el BCU o porque se realizan en ámbitos informales.

Cabildo Abierto, en busca de una solución

Esta problemática es a la que apunta Cabildo Abierto con su proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas, y para esas 690.000 personas es para quienes quiere legislar antes de lo que consideran como una “olla a presión”, estalle en la cara del gobierno.

Tal y como señala el informe de la CTA de AEBU, el proyecto cabildante busca solucionar las situaciones de sobreendeudamiento y de exclusión del sistema financiero formal a través de mecanismos en los que se reestructuren las deudas por vías administrativas o judiciales, con un sistema de refinanciación parecido al que utilizan las empresas al presentarse a un concordato.

La creación de este proceso judicial implica que el deudor podría presentarse ante la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e iniciar la reestructuración del total de sus deudas y, de no lograrlo, acudir a la vía judicial.

En la versión más reciente del proyecto se incluye también el concepto de “deuda justa” a través de tasas de interés razonables para los deudores, con el objetivo de que puedan pagar la deuda. Asimismo, hay un capítulo entero dedicado a deudas con el Estado.