27 de agosto 2024 - 08:24

Indexación, salarios y economía

La discusión sobre inflación, precios relativos y desindexación salarial, generó revuelo político. Pero está bien enfocada.

El gobierno uruguayo presentó un ajuste salarial del 2,8% para este semestre.

El gobierno uruguayo presentó un ajuste salarial del 2,8% para este semestre.

Se ha planteado que la actual campaña electoral viene bastante chata y con poco voltaje, pero que la discusión sobre economía se enfoque en el problema de la indexación, da en el clavo. Y aquí coincide -explícita o implícitamente- la mayoría del abanico político.

Indexar no es otra cosa que ajustar los precios -salarios, tarifas u otras prestaciones o productos, a nivel estatal o empresarial- según la evolución pasada de un indicador (en general, el IPC), para mantener el valor real del producto/servicio en cuestión. Por pura matemática, esto hace que la inercia de aumento de precios se fortalezca, y sea más difícil contenerlos y bajar la inflación.

El propio seguimiento de la inflación a través del IPC tiene un componente indexatorio, porque hace que un aumento transitorio de un precio, tenga efectos permanentes. Es lo que recientemente ha sucedido con el precio de algunas frutas y verduras. Sube el tomate a precios siderales, su consumo obviamente baja pero -al estar incluido en el IPC- este incorpora (en su ponderación) la suba del precio y, por lo tanto, sube el índice que luego es tomado por otros ajustes a distintos niveles (en especial los salarios, para mantener su valor real); luego se suman ajustes sobre ajustes. El tomate luego baja pero el daño ya está hecho: la inflación se fue hacia arriba por este efecto encadenado. Es por esto que muchos países establecen un seguimiento de la inflación llamada núcleo, con un índice que no incluye los precios más volátiles, como alimentos o energía.

No hay un remedio definitivo para la indexación, pero sí puede hacerse algo que es mucho más que un atenuante: bajar la propia tasa de inflación al mínimo posible. Esto no solo reduce el denominado “impuesto inflacionario” sobre los ingresos fijos, particularmente los salarios, sino que atenúa el mencionado efecto indexatorio.

En la medida que la tasa de inflación baja, la formación de precios tiende a ser más transparente y quedan más expuestos los aumentos no fundamentados. Y los sectores y/o empresas más productivos pueden aumentar salarios sin pasar eso al precio de venta de sus productos o servicios, pudiendo captar más talento e inversión. Con una inflación efectivamente baja, digamos del 2-3%, nada prohíbe a una empresa de alto desempeño darle a sus trabajadores aumentos superiores por su propio mérito, es decir, aumentos reales. Para la economía, se ingresa en un escenario más virtuoso.

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Inflación meta

Apuntar a una inflación más baja ha sido uno de los objetivos clave del gobierno actual, en particular de la gestión del Banco Central (BCU) que condujo Diego Labat. La tarea no fue sencilla, porque después de las graves complicaciones que causó la pandemia, llegó un empuje de inflación global que complicó los planes y postergó el logro de las metas.

Éstas finalmente se alcanzaron y ya va más de un año con la inflación en el rango meta del BCU (3-6%), si bien es posible que toque el techo del rango en alguno de los próximos meses. Este logro está detrás -entre otras cosas- de que Labat haya sido designado como eventual ministro de Economía si triunfa el Partido Nacional en las elecciones.

Sin embargo, el Banco Central tuvo poca compañía para desarrollar su política antiinflacionaria. Por un lado, las políticas de apertura comercial y de mercados para dar una mayor dinámica de competencia y -por lo tanto- contener los precios, no tuvieron un despliegue tan intenso como se pretendía. Uruguay no ha logrado pasos sustanciales en apertura comercial, en parte porque no ha tenido eco (permiso) en el Mercosur, y en parte porque tampoco se vislumbran socios potenciales ávidos de acuerdos. A su vez, se han mantenido mecanismos de protección para ciertos sectores, lo que complica el camino hacia una baja estructural de la inflación. El caso de las frutas y verduras es emblemático y bastante poco transparente, pero no es el único.

Por otra parte, los ajustes salariales considerando inflación pasada (indexación), sumados al compromiso del gobierno de volver los salarios reales a los de principios de la administración (en realidad van a quedar claramente más arriba) tampoco ayudó a una baja de la inflación más rápida, por las razones que describimos al principio de esta nota. Y el proceso (era esperable) trajo consigo un apreciable problema de competitividad, pues algunos sectores pueden sostener el aumento del salario y los costos internos, otros no.

El planteo de Oddone

Es aquí donde aparece la visión del economista Gabriel Oddone, compartida por una parte importante de los economistas profesionales del país. En recientes notas de prensa reconoció el valor de haber bajado la inflación, criticó el costo que ha tenido eso en términos de competitividad y -dado que ese costo ya está incurrido- señaló que si se quiere preservar la estabilidad de precios (baja inflación), los altos salarios reales actuales y, además, recuperar competitividad, hay que desindexar. La opinión de Oddone es muy relevante porque no solo es asesor del candidato a la presidencia por el FA, Yamandú Orsi, sino que lo ha acompañado a reuniones con dirigentes empresariales de primera línea.

El planteo de Oddone tuvo lógicos reparos desde el sindicalismo, una de cuyas acciones clave es el reclamo -siempre genuino- por mejores salarios, reclamo hecho en bloque, de manera corporativa. Allí se destacaron los dichos del propio Presidente del Frente Amplio, ex del Pit-Cnt, Fernando Pereira, señalando que el planteo de Oddone no es el del FA.

Sin embargo, el propio gobierno del FA en 2018 -en los lineamientos para la 7ma. ronda de Consejos de Salarios- hizo un planteo parecido. Si bien no se hablaba de desindexación, claramente se proponían aumentos nominales y descendentes año a año. Se había observado, en la ronda anterior, que a pesar de que se habían propuesto aumentos diferenciales según la situación del sector (dinámico, promedio o en problemas) la mayoría de los ajustes se “pegó” al aumento que tuvieron los dinámicos (el mayor).

En aquel tiempo el salario llegaba a un récord histórico, pero el empleo caía. Se planteaba entonces el objetivo de mantener esos salarios, pero también fomentar la recuperación del empleo. Había, por supuesto, correctivos por inflación al final del período. Los nuevos lineamientos no lucieron demasiado, porque la economía estaba en problemas, pero los desafíos de desindexar y mejorar la forma de ajustar precios y salarios, ya estaban presentes.

El antecedente es relevante. Los precios relativos y la competitividad son asuntos que inevitablemente Uruguay deberá encarar en los próximos meses, sea cual sea el partido que resulte electo. Entre los economistas, si bien puede haber enfoques o énfasis distintos, hay casi un consenso en que la desindexación es importante. Las decisiones dependerán de la voluntad política para resolver asuntos que pueden generar conflictos particulares, pero tienen alcance de interés general.

Otro aspecto clave es la negociación salarial en sí misma y, en especial, su secuencia: en países desarrollados con enfoque competitivo, negocian primero los sectores que compiten con el exterior (industrias manufactureras, maquinarias, químicos, agroindustrias) y luego los no transables o servicios internos (salud, educación, estatales). Los primeros marcan la pauta general, de acuerdo a su capacidad de competencia y crecimiento, el resto los sigue. ¿Sería aplicable aquí?

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