El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comparecerá este martes ante el Parlamento para responder consultas sobre la reciente creación del sistema de combate al crimen organizado y el narcotráfico, un tema que genera fuerte preocupación en sectores del Partido Nacional (PN).
Díaz se presentará ante la comisión de lavado de activos de la Asamblea General, así como ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, para explicar detalles y fundamentos del decreto aprobado en abril pasado que establece este sistema bajo la órbita de la Presidencia de la República (PR).
El diputado blanco, Pablo Abdala, manifestó su rechazo a esta iniciativa y dijo: "Creemos que tiene visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Es un organismo de competencia cerrada, escapa al control parlamentario, porque no fue creado por ley". Además, Abdala señaló que "este tipo de ámbitos interinstitucionales se crean por ley" y que la decisión de implementar este sistema por decreto es una "especie de apropiación de avocación" por parte de Presidencia, ya que considera que es una "competencia esencial" que corresponde al "Ministerio del Interior (MI)".
El diputado enfatizó que existe temor de que esta medida implique "un debilitamiento" en la capacidad de respuesta frente al narcotráfico, ya que desdibuja responsabilidades y puede complicar la coordinación entre instituciones.
El decreto aprobado en abril genera, por lo tanto, un fuerte debate político sobre la constitucionalidad de la medida y el ámbito adecuado para abordar el combate contra el crimen organizado en todo el país.
La visión del Frente Amplio
En el oficialismo, la creación del sistema fue justificada como una estrategia para mejorar la coordinación entre diferentes organismos públicos involucrados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con Presidencia como ente articulador. Sin embargo, los cuestionamientos desde el PN apuntan a que el procedimiento legal y las competencias establecidas en la Constitución se están viendo vulneradas.
La comparecencia de Díaz ante las comisiones parlamentarias será clave para despejar dudas y profundizar el debate sobre la pertinencia y legalidad del sistema creado, en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado es una prioridad para el país, pero también un terreno de intensa disputa política.