La Cámara de Diputados define el envío de irregularidades de AFE a la Fiscalía

El plenario sesionaba para decidir el envío o no del informe de irregularidades detectadas en la empresa estatal.

La Cámara de Diputados definía el envío de irregularidades de AFE durante el gobierno del FA a la Fiscalía. 

Foto: AFE

La Cámara de Diputados definía el martes por la noche el envío del informe por irregularidades en la Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE) a la Fiscalía durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, una propuesta que cuenta con todos los votos del oficialismo.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes llevó a cabo el análisis de presuntas irregularidades durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio (entre 2014 y febrero de 2020) en AFE y se presumía que contaba con la mayoría necesaria de la Coalición Multicolor para la votación en Diputados.

"El escaso tiempo de trabajo no ha sido impedimento para comprobar la falta de diligencia, eficacia y eficiencia por parte de los directorios de AFE en el período investigado, esto es, 2014-febrero 2020, en el manejo de su gestión”, concluyó el informe presentado en el Parlamento por el diputado colorado, Ope Pasquet en representación del oficialismo.

De esta manera, el oficialismo considera “de extrema importancia que habiéndose presentado oportunamente denuncia penal por parte de las actuales autoridades de AFE, se remitan estas actuaciones a la Fiscalía General de la Nación, en el entendido que podrían ser útiles para su debida instrucción”.

Así, el informe establece que el patrimonio de AFE "no fue objeto de una política clara y rigurosamente ejecutada que tuviera por fin obtener un inventario completo de los bienes que lo componen que permitiera luego proyectar sobre esa base una estrategia de recuperación, conservación y defensa de los inmuebles afectados por diversos problemas (vicios o insuficiencias de la titulación, existencia de ocupantes, incumplimientos contractuales de inquilinos o comodatarios, estado ruinoso de algunos edificios) y posteriormente un plan que definiera el destino a darles de manera económicamente beneficiosa para AFE o útil para otros organismos del Estado uruguayo".

Con esto, señala que, sin ese inventario detallado, les queda por averiguar con qué criterios se contrataba a los servicios de vigilancia desde el ente estatal, cual tenía un costo cada vez más elevado en un período considerado. En tanto, también cuestiona la construcción de una torre de control en la terminal de pasajeros, la cual fue adjudicada a una empresa donde su titular era “políticamente afín a las autoridades de la época”. Una realidad que no se pudo investigar debido a que no se pudo interrogar a Señor Wilfredo Rodríguez, el entonces presidente del Directorio de AFE.

La defensa del Frente Amplio

Por su parte, y en representación de la minoría opositora, también se presentó un informe en la comisión firmado por el pitado frentista, Felipe Carballo. Allí, se pide al Plenario el archivo de las actuaciones de la Comisión Investigadora y se establece que el gobierno actual tiene "un desconocimiento total del ente ferroviario, tanto de sus competencias, su historia, su funcionamiento y su financiamiento, por parte de los sucesivos directorios del actual periodo de gobierno y en particular del denunciante quien fuera anteriormente director del ente”.

"La desidia y las acciones de desmantelamiento y la pérdida del conocimiento, el know how, el saber del ente autónomo como empresa, la historia institucional e incluso de su rol como accionista de SELF y el desconocimiento del rol, por ejemplo, en la ejecución de los Proyectos FOCEM”, agrega.

A esto, suman la “pasividad y falta de proactividad” en la gestión de los directivos actuales ejemplificando con la “falta de designación de autoridades del ente más allá de los 30 días de iniciada la gestión de gobierno en este último periodo y el desconocimiento u ocultamiento de los documentos de transición".

Por último, establece que no se ha logrado "demostrar una sola de sus afirmaciones” y que “de la profusa prueba obtenida, no surgen elementos que avalen no solo sus denuncias, sino calificaciones e imputaciones, como las realizadas a un testigo invitado a la comisión”.