La Justicia falló contra Edgardo Ortuño en una demanda por el proyecto Arazatí

El ahora ministro de Ambiente buscaba impugnar la resolución de OSE que habilitó la licitación de la obra en 2022, pero el TCA no dio lugar al reclamo.

La Justicia falló contra Edgardo Ortuño en una demanda por el proyecto Arazatí.

Foto: Ministerio de Ambiente

La Justicia dictaminó a favor de la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en una demanda que al ahora ministro de Ambiente —entonces representante del Frente Amplio (FA) en el directorio de la empresa pública—, Edgardo Ortuño, había iniciado en contra del proyecto Arazatí, también conocido como Neptuno.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó por unanimidad la demanda presentada por Ortuño, quien había impugnado la Resolución N° 1144/2022 del directorio del organismo, la cual aprobó los estudios de factibilidad del proyecto que plantea la construcción de una planta potabilizadora y una nueva toma de agua en Arazatí (San José), y habilitó el llamado a una licitación pública internacional.

Según el ahora ministro de Ambiente, la resolución fue adoptada de forma antirreglamentaria, aludiendo a que la sesión que concluyó con su aprobación fue convocada con solo 24 horas de anticipación y bajo el carácter de "grave y urgente". Esto, según su argumentación en la demanda, limitó el tiempo necesario para un análisis correcto y responsable del proyecto; a lo que se sumaron omisiones técnicas y posibles constitucionalidades.

A modo de defensa, Raúl Montero y Susana Montaner —presidente y vicepresidenta de OSE en la gestión anterior— sostuvieron que la actuación del directorio fue legítima en tanto el proceso de evaluación del proyecto llevó más de un año y medio, y la convocatoria a la reunión extraordinaria se llevó a cabo según el reglamento interno de la empresa pública. Además, pusieron en duda la legitimidad de Ortuño para someter el diferenciado ante el TCA, aunque esto fue desestimado por el tribunal.

¿Qué resolvió el fallo?

Por su parte, el TCA falló a favor de OSE al entender que la resolución impugnada por Ortuño fue adoptada de forma válida, conforme al principio de mayoría que rige el funcionamiento del directorio de la empresa de agua y saneamiento. Tampoco se acreditaron vicios en el procedimiento que habilitaran a su anulación.

Asimismo, el tribunal estableció que los aspectos técnicos y económicos del proyecto exceden el objeto de una contienda de competencia intraorgánica, que se limita a diferencias no resueltas mediante el procedimiento regular de toma de decisiones dentro de los entes colegiados.

"El debate se resolvió mediante votación y fue adoptada una decisión por mayoría. Eso cierra la discusión interna", concluyó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el fallo que no impone condena procesa especial.

El presente del proyecto Arazatí

El fallo del TCA, en caso de haberse inclinado en favor de Ortuño, habría significado un importante revés para el proyecto, en tanto habría invalidado todo el proceso desde antes de su licitación y posterior adjudicación al consorcio de empresas Aguas de Montevideo. Por lo tanto, la firma del contrato —llevada a cabo por el gobierno de Luis Lacalle Pou durante el período de transición— tampoco sería considerada legal.

Actualmente, la gestión encabezada por Yamandú Orsi acordó con las empresas suspender ese contrato por un plazo de 90 días mientras se renegocian sus condiciones: la administración frenteamplista no está de acuerdo con el planteo del proyecto y mucho menos lo considera una prioridad, sobre todo en un contexto de margen limitado para el gasto público; pero entiende que hay un compromiso firmado por el Estado y que debe cumplirse.

En ese sentido, Ortuño adelantó que se está trabajando en la posibilidad de cambiar las obras incluidas en el contrato: en lugar de que las empresas constructoras lleven a cabo la planta potabilizadora en Arazatí, podrían quedar a cargo de un paquete de proyectos también de OSE, por una inversión de 250 millones de dólares.