Algunas corredoras de bolsa montevideanas se han visto envueltas en varias polémicas desde el año 2021.
Justicia levantó el embargo por 940.000 dólares sobre los dueños de la corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera (D&P), Carlos de Baeremaecker, y Carlos Perera, tras una apelación. Los abogados defensores de D&P habían argumentado previamente que la retención se había dado sobre personas físicas, y no sobre la empresa, lo que llevó deshacer la sanción el pasado 2 de febrero.
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El juez civil, Pablo Benítez, había accedido al pedido de unos cinco ahorristas en octubre de 2022, para embargar a Baeremaecker, Perera y una empleada de la corredora quien es la persona señalada por la presunta estafa de la que derivó el reclamo.
Ahora, en la revocación entiende que “en todo caso la relación comercial que invocan los promotores lo fue con la sociedad De Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa S.A.”, y con esto “no existiendo vinculo contractual que vincule a los accionantes directamente con los Sres. De Baeremaecker y Perera”.
A finales de 2021, varios clientes de D&P presentaron denuncias por estafas entre 3 millones y 10 millones de dólares. En aquel momento, desde la empresa se había responsabilizado expresamente al mal accionar de una de las empleadas, por llevarse el dinero de los ahorristas.
La empleada, asumió su culpabilidad y fue condenada a 24 meses de prisión domiciliaria. La misma, que según D&P solo oficiaba de intermediaria en la derivación de clientes, sostiene que se encontraba en relación de dependencia “marcado horario y con sueldo” de hacía 16 años.
El accionar consistía en el retiro de dinero —cheques o efectivo— de manera unilateral a los clientes y sin la aprobación de los mismos. También, cuando depositar cheques de la empresa para clientes fuera del país, retiraba el dinero para saldar deudas con ahorristas uruguayos que esperaban los intereses de sus correspondientes inversiones.
Además existieron clientes que realizaron depósitos en una cuenta intermediaria, sin que estos nunca lleguen a la cuenta de D&P. Según la denuncia, la empleada recibía cheques y letras de cambio que no ingresaba a la empresa, sino que los liquidaba para sí misma, a la vez que retiraba dinero de transferencias desde el Banco Central del Uruguay (BCU) a nombre de clientes de la corredora.
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