La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, comparecieron en el Parlamento y plantearon que el recorte previsto en el Presupuesto compromete la operativa desde 2026 y, además, dijeron que persiste la falta de personal para atender denuncias y controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La Jutep advierte que es "imposible" funcionar en 2026 por falta de presupuesto y alerta por déficit de personal
Con 16.000 declaraciones juradas pendientes y un sistema informático obsoleto, el organismo estatal reclama más recursos para el próximo año.
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La Jutep busca avanzar en la digitalización de declaraciones juradas y en la creación de un observatorio de la corrupción.
Asti recordó que el organismo había solicitado 16 millones de pesos para su funcionamiento, pero no solo no consiguió esa asignación, sino que el monto aprobado resultó casi 2 millones de pesos inferior al ya otorgado. "Hace imposible el funcionamiento durante el próximo año", advirtió Asti, al remarcar que los recursos de 2025 ya superan lo que está previsto para 2026.
Ferraris fue más dura: "Que el organismo encargado de velar por la ética pública, que tiene un rol protagónico y decisivo en materia de combate a la corrupción, a esta altura del partido esté funcionando con el personal que tiene, ¡es inconcebible! En este momento son 12 funcionarios, nada más, con toda esa tarea".
Denuncias y declaraciones juradas sin control
La presidenta explicó que hay 10 vacantes sin llenar y que se prevé una reestructura para poder cubrir esos cargos. Hoy, dijo, la Jutep no cuenta siquiera con un contador: "No contamos con ese perfil en la oficina".
La situación repercute directamente en la gestión de denuncias. "Tenemos activas unas 360 denuncias que se solventan con el trabajo de tres funcionarios nada más. Y si a eso le sumamos un sistema informático para el ingreso y tratamiento de las denuncias, que está bastante obsoleto, el escenario es complejo", señaló Ferraris.
Respecto a las declaraciones juradas, indicó: "Estamos gestionando unas 16.000 declaraciones juradas solamente con tres funcionarias". La presidenta recordó que el organismo tiene la obligación de "abrir y de analizar el 5% anual de aquellas declaraciones juradas que están en la bóveda", pero reconoció: "Ese mandato legal nunca se ha cumplido, entre otras razones, porque no hay equipo técnico capaz de llevar adelante esa tarea".
Hacia un observatorio de la corrupción
Ferraris adelantó uno de los objetivos estratégicos de la Jutep: "Una de las metas que tenemos es la creación del observatorio de la corrupción en Uruguay. La Jutep, no está en condiciones de proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y, sobre todo, acciones preventivas porque no tiene hoy información basada en evidencia, bien procesada, no tiene esa capacidad".
En paralelo, Asti señaló que el proyecto de Presupuesto establece la digitalización total de las declaraciones juradas. Actualmente, la obligación legal establece que deben destruirse pasados 10 años, pero advirtió: "Tenemos acumuladas 20.000, de las que, por falta de personal, no nos hemos podido deshacer".
Por otro lado, se fundamentó un artículo que obliga al secreto de los funcionarios durante las investigaciones. Ferraris explicó: "Nos llegan muchos pedidos de acceso a la información sobre denuncias en las que estamos trabajando. Nos parece importante incluir una disposición de este tipo que permita mantener la reserva hasta que se dicta el acto administrativo que la concluye. Cuando entonces sí, todas las actuaciones deberían ser públicas".


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