La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) aprobó un nuevo cobro de timbres profesionales sobre trámites del sistema de salud que, hasta ahora, no estaban gravadas por este mecanismo, y despertó fuertes críticas que vuelven a poner la viabilidad del instituto previsional en el centro del debate.
El directorio de la Caja de Profesionales aprobó por unanimidad comenzar a cobrar, desde agosto, timbres profesionales sobre nuevos registros y actuaciones de la actividad médica y sanitaria, tales como documentos vinculados a documentos vinculados a consultas médicas, certificados, constancias y otros registros profesionales previstos en la ley de reforma aprobada por el Parlamento.
Si bien desde la caja paraestatal aseguraron que los montos del nuevo gravamen que comenzará a cobrarse en agosto son relativamente bajos y contribuyen de manera fundamental a robustecer los ingresos —dado que los trámites alcanzados tienen un volumen elevado dentro del sistema sanitario—; los cuestionamientos no tardaron en llegar y, con ellos, los pedidos para dejar sin efecto la medida.
Uno de los que cuestionó la resolución de la Caja de Profesionales fue el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el colorado Isaac Alfie, que calificó el nuevo cobro como "vergonzoso".
"Ya la recaudación por timbres de salud supera los 110 millones de dólares anuales, siendo casi 2/3 del total recaudado por 'timbres'. ¿Quién mide el costo de la 'no consulta'?", apuntó en una publicación a través de redes sociales. "El Poder Ejecutivo tiene capacidad de vetar esta barbaridad según la ley vigente", añadió.
Por su parte, el economista José Licandro, asiduo promotor del cierre de la Cjppu, sostuvo que el instituto previsional "está haciendo méritos para que se tome la decisión de hacerlo desaparecer": "No falta mucho".
En tanto, la Junta Nacional de Salud (Junasa) envió un escrito a la Caja de Profesionales en la que pidió que se deje si efecto la resolución que dispuso el nuevo cobre de timbres profesionales, argumentando que la medida "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".
"Existe evidencia consistente respecto a que el aumento de pagos directos asociados a las prestaciones sanitarias genera reducción en la utilización de servicios, incluyendo consultas preventivas y de seguimiento", advirtió el organismo, y afirmó que esto puede traducirse en "diagnósticos más tardíos, agravamiento de condiciones de salud y aumento de la demanda de prestaciones de mayor complejidad".
"Este aspecto resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos", sumó la Junasa y apuntó que estas políticas van en sentido opuesto a lo viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Asimismo, advirtió también que "la medida podría tener impactos relevantes sobre la sostenibilidad económico-financiera de algunas instituciones prestadoras de salud".