La oposición cita a Edgardo Ortuño al Parlamento por la marcha atrás en el proyecto Arazatí

Con la decisión de avanzar con Casupá, el Ministerio de Ambiente (MA) deberá responder por el impacto ambiental y los costos del nuevo proyecto.

Casupá reemplaza a Arazatí entre críticas cruzadas.

El Rionegrense

La decisión del gobierno de abandonar el proyecto Arazatí como solución al abastecimiento de agua para el área metropolitana y avanzar en su lugar con la represa de Casupá generó una fuerte reacción en la oposición, que este jueves citó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento.

El exministro Robert Bouvier, en diálogo con Radio Sarandí, lamentó lo que calificó como un retroceso: "Preocupa casi volver a foja cero; parece que nos olvidamos de los que vivimos en esta zona y nos vamos a embarcar en un proyecto que no sabemos cuál es".

Según Bouvier, con esta decisión se desaprovecha una obra prioritaria que, según afirmó, quedó "lista y posible" durante el gobierno anterior. "El Frente Amplio (FA) no hizo nada en 15 años y ahora quiere cambiar de rumbo con algo que no tiene ni cronograma ni certezas", criticó.

La historia detrás del proyecto Arazatí

El proyecto Arazatí, impulsado por el gobierno el expresidente, Luis Lacalle Pou, a través del consorcio Aguas de Montevideo, preveía una toma de agua del Río de la Plata y una planta potabilizadora para asegurar el suministro a Montevideo y Canelones. La propuesta fue duramente resistida por sectores sociales y políticos debido a su modelo de participación público-privada y su posible impacto ambiental. Finalmente, el gobierno actual resolvió desecharlo y retomar la represa de Casupá, una iniciativa que data de 2005 y había sido postergada por falta de financiamiento.

“Era prioritario hacer Arazatí porque teníamos una nueva fuente de agua; ahora volvemos a depender del Santa Lucía, y con Casupá no sabemos cómo va a ser. Es volver al inicio", insistió Bouvier. Desde el Partido Colorado (PC), el diputado Walter Cervini advirtió que el país pierde una "oportunidad real" de resolver una de sus principales urgencias estructurales.

La visión del gobierno

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse celebró la decisión oficial: "Se vuelve al curso natural de las cosas", dijo, y aseguró que el proyecto en Casupá, que implica una planta en Aguas Corrientes y una aductora de 40 kilómetros, tendrá el compromiso del gobierno. Sin embargo, desde la propia interna oficialista se reconocen desafíos: el diputado Sebastián Valdomir (FA) señaló que se debe "actualizar costos" y estimó que la obra podría superar los 300 millones de dólares.

El nuevo proyecto no está exento de controversia: en Casupá se prevé la tala de unas 426 hectáreas de monte nativo, lo que despierta cuestionamientos ambientales. Este aspecto llevó a que se confrontaran declaraciones del propio ministro Ortuño, quien semanas atrás rechazó un proyecto de hidrógeno verde en Paysandú por implicar la tala de 100 hectáreas de bosque.

Con esta contradicción sobre la mesa y ante las dudas sobre plazos, impacto ambiental y financiamiento, Ortuño deberá comparecer ante el Parlamento para explicar el viraje estratégico y cómo se integrará Casupá a una política hídrica nacional todavía en construcción.