La oposición incrementó este miércoles la presión sobre el gobierno para que declare la emergencia agropecuaria por la sequía en el sur del país, al advertir que el deterioro de las pasturas y de la producción ya es visible en el territorio y que la demora en la decisión agrava la situación de los productores afectados.
El reclamo fue encabezado por el senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, quien en la Comisión Permanente le exigió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, que declare sin más dilaciones la emergencia agropecuaria en las zonas más comprometidas por la falta de lluvias. El legislador apuntó especialmente a áreas del sur del país, como parte de San José y Colonia, así como sectores de Montevideo y Canelones, además de Maldonado, Rocha y el sur de Florida.
Da Silva cuestionó la postura ministerial, que hasta ahora dijo aguardar informes técnicos del propio MGAP y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para adoptar una definición. “Parecería que no se quiere responsabilizar”, sostuvo el senador, al tiempo que reclamó una respuesta más rápida ante lo que describió como una realidad evidente en el campo. En ese sentido, afirmó que en buena parte del sur “se están picando los maíces” y que no se llegará a cosechar grano, una señal clara —según remarcó— del impacto de la sequía sobre los cultivos y la ganadería.
Diversidad en el impacto y recursos limitados
“El norte es otra cosa, está en abundancia forrajera”, diferenció Da Silva, quien insistió en que la situación no es homogénea en todo el país, pero sí lo suficientemente grave en el sur como para justificar la declaración de emergencia. “No hay que esperar informes burocráticos cuando la gente sabe cómo está el ganado”, afirmó, y agregó: “No puede pasar de esta semana, la paisanada no lo merece”.
Desde el gobierno, en tanto, el MGAP reconoció que analiza medidas de apoyo ante un escenario de posible sequía, aunque evitó responder de forma inmediata al planteo opositor. La cartera sigue de cerca la evolución climática en un contexto marcado por pronósticos de precipitaciones por debajo de lo normal durante los primeros meses del año y temperaturas superiores al promedio, lo que mantiene encendidas las alarmas entre los productores.
El ministro Fratti advirtió que la definición de la emergencia agropecuaria no puede adoptarse “al grito” ni sin información clara, y subrayó la necesidad de contar con fundamentos técnicos y científicos para avanzar “con seriedad”. Además, señaló que una de las principales herramientas para atender este tipo de situaciones, el Fondo Agropecuario, se encuentra sin recursos disponibles y con compromisos financieros arrastrados hasta 2027, lo que limita el margen de acción inmediata.
Mientras el MGAP monitorea el estado hídrico del suelo y convocó a un comité especial para evaluar la situación, la oposición mantiene la presión política para que el Poder Ejecutivo actúe con mayor rapidez. El debate pone en el centro la tensión entre la urgencia planteada desde el territorio y la cautela del gobierno, en un país que aún se recupera de la histórica sequía de 2023 y observa con preocupación la evolución climática de este verano.
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