Javier García sostuvo que el análisis sobre la capacidad crediticia del astillero es espurio, y su inclusión en el informe técnico del Ejecutivo podría ser un delito.
La oposición redobla la apuesta en el caso Cardama y apunta contra los "intereses económicos" del gobierno.
El Partido Nacional (PN) continúa abroquelado detrás de la defensa del accionar de su gobierno y del Ministerio de Defensa (MDN), en ese entonces encabezado por el actual senador Javier García, respecto de la compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero español Cardama; y apunta ahora contra los "intereses económicos" de la administración del Frente Amplio (FA).
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La Coalición Republicana (CR) continúa defendiendo su gestión en torno a la firma del contrato con Cardama, incluso durante la investigación a cargo de la comisión investigadora especial en el Parlamento. Sobre todo son los blancos quienes siguen defendiendo el accionar de su gestión en la compra de las patrullas oceánicas al astillero español, insistiendo en que todo se hizo dentro del marco de la ley, incluso cuando ya fue comprobado que la empresa de Mario Cardama falsificó documentación clave relacionada con las garantías.
En ese sentido, García compareció ante la comisión investigadora en su papel de exministro, y aseguró que la decisión de encargar las embarcaciones al astillero español se basó en "dos informes técnicos de la Armada Nacional", que lo recomendaron. Además, fue un paso más allá y apuntó directamente al gobierno sobre la rescisión el contrato, al señalar que si bien no posee pruebas, sí tiene "el derecho a pensar" que hubo "fuertísimos intereses económicos" detrás de la decisión oficial.
“Intereses muy poderosos, que operaron durante 15 años en el gobierno de Frente Amplio y que bloquearon la decisión. Con nosotros no pudieron”, agregó.
Tras su comparecencia, García explicó que uno de los argumentos que desplegó ante los legisladores fue la inclusión de un documento en el informe técnico del gobierno que habría sido realizado por una consultora sancionada en Estados Unidos, en referencia a la empresa Dun & Bradstreet (D&B).
"Se hablada de un informe que se había pedido por personas que no se sabía quiénes eran, privados que habían pagado un informe a una consultora norteamericana para hablar de la solvencia del astillero. Y se insistió mucho con eso, tanto que en la propia investigación administrativa se introdujo, no sabemos por quién, como si hubieran plantado ese informe para darle oficialidad al informe técnico", sostuvo el senador blanco.
Según el exjerarca, un año antes de que se emitiera el informe en cuestión —el cual tiene fecha de noviembre de 2023—, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Comisión de Comercio, había denunciado a la consultora "por hacer informes engañosos sobre la capacidad crediticia de las empresas". "Y hacía cosas peores: les hacía un informe diciendo que estaban mal y después les vendía un informe para salvarlos", relató, y sumó que el Departamento de Justicia estadounidense finalmente sancionó con casi 6 millones de dólares a la consultora en enero pasado.
"Tiene una gravedad muy importante", sostuvo García respecto de que el Frente Amplio utilizara "políticamente para tirar abajo el contrato" un informe realizado por esta empresa sancionada: "Tendrán que ser los abogados los que decidan si aquí no hubo un delito en lo que se ha hecho", concluyó.
Por su parte, el diputado Pablo Abdala consideró que la presentación de García fue "categórica y concluyente", y que "quedó definitivamente demostrado que el gobierno anterior actuó dentro de la ley, y de acuerdo al interés del país". "Se echaron por tierra las intrigas insidiosas que se han venido tejiendo", agregó, sin dar mayores detalles en una publicación de redes sociales.
En tanto, sostuvo que ahora debe ser la actual ministra Sandra Lazo quien se presente ante la comisión investigadora, algo que se viene postergando. "El actual gobierno tiene mucho que explicarle al Parlamento sobre la rescisión del contrato (notoriamente perjudicial para el país) y sobre distintas irregularidades cometidas en el MDN durante este tiempo", sostuvo Abdala.
Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo calificó los dichos de García de “disparate”.
“La decisión de rescindir el contrato adoptada por este gobierno es para proteger los intereses del Uruguay ante una empresa que aparentemente nos estafó, que presentó documentación falsa, adulterada, al punto tal que el escribano que intervino en el tema de las garantías nos hizo llegar hace unas semanas el documento original que demuestra que Cardama presentó documentación falsa ante el Estado uruguayo”.
Garlo remarcó que la gravedad de lo hecho por Cardama es de tal magnitud que está en la órbita penal.