Otros sectores empresariales advierten sobre las diferentes estructuras productivas y el impacto de trabajar menos horas en la inflación y la competitividad.
La reducción de la jornada laboral en la construcción abre un debate que promete trasladarse a toda la economía.
El preacuerdo entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) y la Cámara de la Construcción (CCU) instala un antecedente inédito para la negociación colectiva en Uruguay. Aunque empresarios del sector sostienen que la reducción es viable gracias a la productividad, otras cámaras advierten que el modelo es “inviable” para la industria, el comercio y el turismo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La reducción de la jornada laboral volvió al centro de la agenda económica uruguaya, pero esta vez no por un proyecto de ley ni por una iniciativa del movimiento sindical, sino por un acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva.
El preacuerdo firmado entre el Sunca y la Cámara de la Construcción establece una disminución gradual de la jornada semanal desde las actuales 44 horas hasta las 40 horas en enero de 2030, sin reducción salarial, convirtiéndose en el primer convenio de una rama de actividad de gran porte que incorpora un cronograma concreto para alcanzar ese objetivo. Más allá del impacto directo sobre unos 50.000 trabajadores del sector, el entendimiento introduce un nuevo elemento en un debate que probablemente trascienda la construcción y llegue tanto a los Consejos de Salarios de otras ramas como al sistema político.
La discusión no es menor. El PIT-CNT impulsa desde hace años una reducción general de la jornada laboral, mientras que buena parte del empresariado ha sostenido que una medida de esas características solo puede analizarse considerando la realidad productiva de cada sector.
El convenio prevé cuatro etapas de reducción horaria. La primera comenzará el 30 de agosto de 2027, cuando la jornada semanal bajará a 43 horas. Posteriormente se reducirá a 42 horas en mayo de 2028, a 41 horas en mayo de 2029 y finalmente alcanzará las 40 horas el 28 de enero de 2030.
Como parte de la negociación también se creó un régimen especial de organización del trabajo denominado 44x36, que permitirá alternar semanas de mayor carga horaria con otras de menor duración, procurando preservar la flexibilidad operativa de las empresas. Ese punto fue una de las principales concesiones obtenidas por el sector empresarial y constituye uno de los elementos que, según sus impulsores, hacen viable el acuerdo.
Para el presidente del Sunca, Richard Ferreira, el acuerdo representa una doble victoria: permite iniciar un proceso gradual hacia las 40 horas sin afectar el salario de los trabajadores; y consolida un convenio colectivo de largo plazo en un momento en que la negociación tripartita enfrenta cuestionamientos de organizaciones empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, sostuvo que la reducción de la jornada era una realidad que el sector veía venir desde hacía tiempo y relativizó el impacto económico de la medida. Según explicó, la construcción ha incrementado sustancialmente su productividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, mejores procesos constructivos y cambios en la ingeniería de las obras, lo que permitió reducir significativamente la cantidad de horas-hombre necesarias para ejecutar un proyecto.
En esa línea, afirmó que el costo adicional generado por la reducción horaria puede ser absorbido mediante esas mejoras de eficiencia y recordó que varios países del continente ya funcionan con jornadas de 40 horas.
Las declaraciones de Ruibal adquieren especial relevancia porque provienen del principal representante empresarial del sector que aceptó avanzar hacia una reducción de la jornada, un hecho que podría ser utilizado como antecedente por otras organizaciones sindicales en futuras negociaciones.
Sin embargo, el consenso alcanzado en la construcción está lejos de repetirse en otras actividades. Si bien el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Alfredo Kaplan, definió el resultado como “la solución menos mala” y destacó la gradualidad del proceso y la estabilidad laboral que brindará un convenio de cinco años, lamentó que finalmente no prosperara la incorporación de compromisos concretos en materia de productividad.
Fuera del sector, las críticas fueron más contundentes. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro, sostuvo que la reducción de la jornada no puede convertirse en una política transversal porque existen actividades donde sería prácticamente imposible aplicarla sin afectar costos y precios. A su entender, industrias manufactureras, comercios y empresas turísticas presentan estructuras productivas muy diferentes a las de la construcción y una disminución de las horas trabajadas podría trasladarse a mayores niveles de inflación o pérdida de competitividad.
Una posición similar expresó el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Leonardo García, quien calificó de “inviable” una reducción de la jornada para el sector industrial y, además, cuestionó el elevado nivel de conflictividad sindical registrado durante la negociación.
El debate generalizado, en tanto, no podrá seguir postergándose: el antecedente de la construcción fortalece la posición de quienes sostienen que la reducción de la jornada puede discutirse sector por sector y, al mismo tiempo, obliga al resto del empresariado a explicar por qué considera que esa fórmula no puede trasladarse a otras actividades, en un momento en que el gobierno comienza a delinear las prioridades de su agenda laboral y los Consejos de Salarios continúan negociando nuevos convenios. El cómo compatibilizar menos horas de trabajo, productividad y competitividad en la economía uruguaya es una discusión que recién empieza.