Las empresas presentaron sus quejas por la subasta del 5G ante el Senado: qué dijeron

Las delegaciones de Movistar, Claro y Dedicado comparecieron frente a la Comisión de Industria de la Cámara alta.

La subasta de la red 5G en Uruguay sigue generando polémicas entre las empresas.

Pexels

A días de que se realice la subasta por el espectro de la red 5G en Uruguay, y si bien no se esperan grandes sorpresas de aquí al martes 9, las empresas de telecomunicaciones asistieron a la Comisión de Industria del Senado para tratar los cuestionamientos al proceso competitivo del gobierno que todavía mantienen.

El proceso para la adjudicación de los tres primeros bloques para la tecnología 5G en el país está a días de llegar a su fin con el llamado que, finalmente, se llevará a cabo el próximo martes. Sin embargo, las críticas y dudas por parte de las dos únicas empresas privadas precalificadas para la instancia final, Claro y Movistar —Antel tiene reservado el tercer bloque—, así como de la compañía local, Dedicado, continúan resonando en la subasta.

Frente a esto, las delegaciones en representación de las tres empresas asistieron el miércoles a la Comisión de Industria del Senado. Allí, los representantes de Movistar presentaron un documento en el cual sostienen que “no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas”, lo cual sería sólo “el primer paso”, sino de establecer condiciones “para que se puedan desarrollar las redes para proveer esta tecnología”. En ese sentido, advierten que “las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados”.

Esta es una queja que la empresa de telefonía que opera en Uruguay elevó desde el primer momento en que se conoció el pliego con las bases y condiciones para la subasta —y por la cual presentó un recurso administrativo que, finalmente, fue levantado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Para el operador privado, las condiciones no habilitan la contratación de fibra óptica de Antel ni tampoco el despliegue de redes propias “porque no se les dan las licencias para que brinden todos los servicios”. “Será imposible atender estos requerimientos de capacidad sin el uso de la fibra óptica como medio de transmisión”, subrayó, al respecto, Movistar.

Otro punto cuestionado por Movistar en el documento que presentó en el Parlamento pero que, una vez más, elevó desde el primer momento, es la cuestión de “las ventajas que se le confieren al operador estatal” en el proceso competitivo, en referencia al bloque reservado para Antel.

Según la empresa transnacional, las condiciones de la subasta de 5G “son violatorias de los tratados de protección a las inversiones extranjeras” suscriptos por Uruguay. “Sólo asegurando una fecha común de lanzamiento de 5G a nivel de la industria podría compensarse en parte la ventaja competitiva que se le ha otorgado a Antel”, apunta el texto.

Las demás críticas de las empresas en el Parlamento

También las delegaciones de Claro y Dedicado tuvieron su oportunidad de expresar sus quejas frente a los legisladores de la Comisión de Industria.

Por parte de la empresa uruguaya, compareció el CEO, Arturo Vergas, y volvió a poner sobre la mesa la “discriminación” expresa que suponen las condiciones para participar del proceso competitivo para desarrollar la tecnología 5G en el país.

A este punto, el titular del MIEM, Omar Paganini, había explicado previamente —frente a la misma comisión parlamentaria— que la decisión de incluir la experiencia previa en el sector de la telefonía celular como requisito fue “porque se entiende sumamente razonable que, para un servicio de la importancia de la telefonía móvil, quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias”.

Los representantes de Claro —que también habían presentado un recurso administrativo desestimado por el MIEM— comparecieron por videoconferencia, objetando una vez más sobre el precio base de 28 millones de dólares por cada bloque fijado por el gobierno. Esta cuestión también había sido tratada por Paganini, quien señaló que el precio era resultado de un estudio comparativo de los valores en 27 países por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). “A algunos de los interesados en participar les parece que este número es excesivo. Es entendible que así suceda, pero nosotros pensamos que es el valor que realmente tiene”, expresó el ministro días atrás.