El gobierno confirmó la subasta de la red 5G: se realizará el 9 de mayo

El MIEM levantó el efecto suspensivo de los recursos presentados por las empresas privadas de telefonía.

La subasta de la red 5G en Uruguay finalmente se llevará a cabo el 9 de mayo.

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El Poder Ejecutivo confirmó que la subasta por la implementación y desarrollo de la red 5G en Uruguay se realizará en la fecha establecida, el 9 de mayo, luego de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) levantara el “efecto suspensivo” de los recursos presentados por las empresas de telefonía.

Finalmente, la subasta de los tres bloques en el espectro de la red 5G se llevará a cabo en la nueva fecha dispuesta por el gobierno —originalmente se licitaría hoy, pero por “problemas operativos vinculados con los feriados que tiene esta etapa”, se postergó más de una semana—, a pesar de los diferentes recursos presentados por Claro, Movistar y Dedicado, en contra de las condiciones impuestas para el proceso competitivo.

Esto es posible ya que el MIEM terminó de levantar el “efecto suspensivo” que los recursos generaban en la licitación, tal y como informó El Observador, por lo que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) tiene vía libre para avanzar con la licitación. A su vez, el ente regulador convalidó las condiciones de la subasta, por lo que Movistar y Claro serán las únicas empresas privadas que podrán participar, quedando así el tercer bloque reservado para Antel, tal y como está establecido en el decreto oficial.

De esta forma, y más allá de las quejas iniciales, no se espera que haya una gran puja competitiva, debido a la asignación de los tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz para las tres empresas que participarán del proceso. Por su parte, si alguno de los bloques para las empresas privadas no fuera adjudicado, es posible que la compañía estatal de telefonía intente adquirirlo también.

¿Cuáles fueron los reclamos de las empresas y qué respondió el gobierno a ellos?

Tanto Movistar como Claro recurrieron el decreto que establece la estructura sobre la cual se basó luego el pliego de bases y condiciones que les fue presentado a las empresas interesadas en participar de la subasta.

Principalmente, ambas compañías reclamaban por los requerimientos exigidos para la licitación, los cuales consideran injustificados y limitantes para el despliegue y desarrollo de la red. Entre los puntos cuestionados, destacaban el precio base de 28 millones de dólares, el cual consideraban muy elevado; y la ventaja competitiva de Antel al tener reservado un bloque de antemano.

Al respecto, el titular del MIEM, Omar Paganini, explicó que el mecanismo utilizado para la constitución del precio fue un valor indicativo del precio de mercado internacional y luego “entender que en Uruguay vale un poco más”. En ese sentido, el análisis de la Ursec, que tomó 27 países, llevó a que el precio de referencia del mercado internacional fuese 22 millones de dólares.

En cuanto a la participación de Antel de forma predeterminada que llevó a las empresas a criticar por competencia desigual, Paganini señaló que esta asignación previa a la subasta “ha sucedido muchas veces”, en donde “es cierto que hay una posición que le da alguna ventaja competitiva a Antel, pero también es cierto que si Antel participara de la puja eligiendo primero —como sucede con el procedimiento de subasta—, porque tiene capacidad financiera, esta capacidad financiera mayor que tiene Antel es objetada por ser juez y parte, porque al fin y al cabo es la caja del Estado, al fin y al cabo es el Estado mismo. Entonces, históricamente, se ha tomado la decisión de que para que no exista el problema de que Antel pueda subir el precio artificialmente para los demás y estos se quejen de una posición de alguna manera asimétrica por su capacidad financiera, se le hace elegir primero y pagar el promedio”.

Por otra parte, también estuvo la cuestión de Dedicado, que desde la publicación del pliego denunció discriminación debido a las condiciones, y apuntó a que el gobierno excluyó adrede a las compañías nacionales debido a ciertos requisitos incorporados en la subasta.

Frente a esto, el ministro señaló que la demanda de experiencia brindando servicios de telefonía móvil se incluyó para que “quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias, como suele suceder en muchísimos procedimientos para entregar concesiones del Estado o dar licitaciones públicas”.