Después de un 2025 marcado por el récord de solicitudes de concursos de acreedores a raíz de la crisis de los llamados "fondos ganaderos", la primera mitad de 2026 mostró una disminución en la cantidad de presentaciones, ya que hubo 69, un 31,7% menos que las 101 registradas en el mismo período del año pasado, sin embargo, si se excluye 2025, el nivel de solicitudes se mantiene elevado en comparación con los primeros semestres previos, según los registros de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
"Se mantiene la tendencia alcista de los últimos años", señaló a Búsqueda el director gerente de Lideco, Bernardo Quesada, quien relacionó esa evolución con un panorama "no muy alentador" en la economía, que definió como "más fría", con "niveles de venta a la baja y decisiones de inversión algo trancadas". El concurso es el mecanismo por vía judicial al que se recurre en situaciones de dificultades de pago, regulado por la Ley 18.387 de Proceso Concursal.
En números concretos, la comparación con años anteriores confirma la lectura de Quesada: las 69 solicitudes del primer semestre de este año representan un 35% más que las registradas en el mismo período de 2022, un 47% más que en 2023 y un 13% más que en 2024. Las presentaciones abarcaron rubros variados, agencias de viaje, tiendas de ropa, avícolas, empresas de construcción y de seguridad, una plataforma de compra de bienes raíces y firmas de transporte de camiones, entre otros, lo que sugiere que el fenómeno no está concentrado en un sector puntual sino que refleja un enfriamiento más generalizado de la actividad.
Quiénes empujan los concursos y los casos más resonantes
De las 69 solicitudes del semestre, 54 fueron promovidas por acreedores, lo que en la jerga concursal se conoce como concurso "necesario", y apenas 15 las presentó el propio deudor insolvente, bajo la modalidad "voluntaria". Quesada destacó que los acreedores están recurriendo cada vez más a esta herramienta por el incentivo que prevé la normativa: quien inicia el concurso tiene derecho a cobrar el 50% de su crédito con privilegio, o antes en el orden de prelación de pagos, respecto de otros acreedores.
Entre los casos conocidos en la primera mitad del año se destacó el de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), que cerró luego de que no se concretara la inversión de un empresario argentino que había comprometido fondos para sostener la planta. Otro caso relevante fue el de la gastronómica Produits de France SAS, propietaria de la cafetería y confitería Saint Germain y de la pizzería y fábrica de pastas Piazza Italia, cuya caída afectó también a los inversores que habían colocado dinero en títulos de esa firma a través de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder. En el semestre no se registraron acuerdos privados de reorganización empresarial, la vía extrajudicial que la ley habilita como alternativa al concurso judicial.
El otro termómetro de la mora: los cheques sin fondos
En paralelo, la evolución de las sanciones a cuentas corrientes bancarias por libramiento de cheques sin fondos se mantuvo en lo que el informe describió como "una meseta", con un aumento de apenas 0,88% entre junio de 2025 y mayo de 2026. En ese año móvil, las cuentas sancionadas totalizaron 1.255: 343 fueron clausuradas, un incremento del 13,6% y 912 quedaron suspendidas con una caída del 3,18% respecto del período anterior.
La suspensión de una cuenta rige por seis meses y la dispone cada institución bancaria cuando, transcurridos cinco días desde que se notificó el rechazo de un cheque por falta de fondos, no recibió comunicación de que la deuda hubiera sido cubierta. La clausura, en cambio, puede extenderse por uno o dos años y es resuelta por el Banco Central del Uruguay (BCU) cuando se verifican los motivos de suspensión en más de una institución bancaria, o cuando se libran cheques contra cuentas que ya estaban sancionadas.
