2 de mayo 2024 - 14:13

Manini Ríos aseguró que el plebiscito de deudores se presentará el 24 de mayo

El líder de Cabildo Abierto aseguró que buscarán la consulta popular para un eventual balotaje, y que la reforma entrará en vigencia a partir del 1° de marzo.

Cabildo Abierto busca habilitar el plebiscito para un eventual balotaje en Uruguay.

Cabildo Abierto busca habilitar el plebiscito para un eventual balotaje en Uruguay.

Foto: @lista510

El plebiscito de deudores presentado por Cabildo Abierto se presentará el próximo 24 de mayo con el objetivo de que se vote en ballotage, debido a que no llegaron a recolectar las firmas necesarias para presentarlo y que se someta a consulta popular en primer vuelta.

“Estamos en el orden de las 270.000 firmas”, aseguró el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, respecto a la recolección que durará hasta el 24 de mayo con el objetivo de que se plebiscite en el ballotage. Desde el partido tuvieron que descartar la opción de octubre debido a que no llegaron a juntar las firmas necesarias.

“Después de tantos años de abuso a los deudores, en los cuales se ha aplicado usura y condiciones durísimas sobre ellos, cuatro semanas más que haya que esperar para el plebiscito no va a ser sustancialmente diferente”, explicó.

En caso de votarse, el plebiscito entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2025. “Por eso, exhorto a la gente a que arrime a firmar ya que hay todavía una chance antes del 24 de mayo”, remarcó.

La mirada de los bancos sobre la propuesta de Cabildo Abierto

El sector bancario de Uruguay siempre tuvo en los cálculos que Cabildo Abierto conseguiría las firmas para impulsar el plebiscito, ya que el país cuenta con más de 700.000 personas calificadas como deudores con dificultad en su capacidad de pago, según la Central de Riesgos Crediticios (CRC) del Banco Central del Uruguay (BCU) que, a mayo, tenía registradas 1.905.155 personas del país como deudores.

De todos modos, los bancos creen que la propuesta será rechazada por los ciudadanos, al apoyarse en la “evidencia internacional” que prueba las desventajas de legislar en torno reestructuración de deudas y límites de tasas de interés.

La iniciativa pretende modificar el artículo 52 de la Constitución y establecer la "prohibición de la usura", fijando "el interés máximo por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas (UI)", mientras propone penas contra los "contraventores" de las medidas y señala que "nadie podrá ser privado de su libertad por deudas".

Sin embargo, desde el sistema bancario aclararon que las instituciones no deben estar obligadas por ley a refinanciar a sus clientes, algo que hacen de manera voluntaria. Incluso, alertaron que el tope de usura que plantea CA retraerá el crédito.

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