La agencia calificadora Moody’s advirtió que el panorama de menor crecimiento contemplado por el gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas incrementa la dependencia de la consolidación fiscal en medio de una trayectoria alcista de la deuda.
La agencia calificadora pone el foco en la carga de la deuda hacia 2027, al tiempo que destaca la inflación baja y la desdolarización de la deuda.
Moody's advirtió sobre la trayectoria fiscal de Uruguay en un escenario de menor crecimiento.
La agencia calificadora Moody’s advirtió que el panorama de menor crecimiento contemplado por el gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas incrementa la dependencia de la consolidación fiscal en medio de una trayectoria alcista de la deuda.
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La calificadora puso el foco en la rigidez del gasto que deja menor margen de maniobra ante eventuales shocks, mientras anticipó la posibilidad de mayores riesgos de un desvío fiscal el año que viene, en un documento sobre Uruguay al que tuvo acceso Ámbito.
Al mismo tiempo, valoró positivamente el fortalecimiento del régimen de metas de inflación y la trayectoria del IPC, así como la estrategia de desdolarización que impulsa el Banco Central del Uruguay (BCU), que fortalece el control del gobierno sobre su trayectoria fiscal de mediano plazo.
En su informe, Moody’s recogió el recorte de las proyecciones de crecimiento que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como las restricciones del escenario externo para este año. Analizó también que el Ejecutivo mantuvo la trayectoria del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales.
Sin embargo, repasó que “la senda de consolidación delineada en la revisión de mitad de año es insuficiente para estabilizar la deuda bruta del gobierno” y compartió la proyección oficial de que superará el 65% del PIB hacia 2030, con un incremento de más de seis puntos desde el 59,8% de 2025.
El análisis destacó que esa senda es consistente con la regla fiscal del gobierno, pero apuntó que “la rígida estructura del gasto”, donde incluyó salarios indexados, transferencias sociales y pensiones, que en conjunto estimó que representan el 86% del gasto primario, “deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”.
Para Moody’s, esta revisión de mitad de año proyecta ingresos en 27,4% del PIB, un recorte a la baja de cinco décimas respecto a la ley de Presupuesto. “Sin embargo, observamos mayores riesgos de desviación fiscal en 2027, cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PIB”, apuntó la agencia.
Al respecto, evaluó que el incremento se basa en mejoras administrativas y la ampliación de la base imponible en lugar de aumentos de tasas. De todos modos, recordó que este tipo de acciones “históricamente se materializan lentamente”, puntualizando en los cambios tributarios como el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico (IMCD) y la tributación de dividendos de no residentes, sobre el cual dijo que “su rendimiento y calendario de implementación dependen de la coordinación fiscal internacional”.
Finalmente se refirió a la reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, al considerar que “aporta apoyo adicional”.
Sobre esta cuestión, la calificadora puntualizó que el enfoque en medidas administrativas “ayuda a preservar la competitividad”, pero contrapuso que “aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva”. Así, la consolidación de mediano plazo queda supeditada a una disciplina sostenida del gasto, resumió.
Los aspectos más positivos del reporte estuvieron en el frente de financiamiento. “El fortalecimiento del régimen de metas de inflación del BCU desde 2023 sigue respaldando dos tendencias positivas”, señaló Moody’s.
“La expansión gradual de la deuda en moneda local hasta 56% de la deuda total en 2025, desde 44% en 2019, reduce el riesgo cambiario”, graficó por una parte sobre la búsqueda del gobierno de evitar un descalce de monedas.
A la vez, indicó que el desplazamiento hacia emisiones en moneda local a tasa fija no indexada, alejándose de la deuda a tasa variable indexada al IPC o a los salarios, “reduce el traspaso de la inflación y de la dinámica salarial a los costos del servicio de la deuda, permite que el crecimiento nominal del PIB reduzca gradualmente la carga real de la deuda y fortalece el control del gobierno sobre su trayectoria fiscal de mediano plazo”.
La agencia calificadora puso también el foco en la opción de jubilación anticipada a los 60 años que planea implementar el gobierno a raíz del Diálogo Social. “Podría aumentar el gasto en pensiones dependiendo de su diseño final”, admitió, aunque valoró que el Banco de Previsión Social (BPS) estimó el costo incremental en apenas alrededor de 0,15 puntos porcentuales del PIB hacia 2040.
Moody’s dijo que espera “mayor claridad sobre la administración del ahorro previsional privado derivado de los cambios institucionales” tras el diálogo del integrantes del Ejecutivo con las AFAP y realzó su rol al rematar: “Representando alrededor del 30% del PIB, los fondos de pensiones privados constituyen una base clave de inversionistas institucionales, esencial para el desarrollo y la profundidad de los mercados locales.