El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, explicó este jueves de dónde saldrán los 31 millones de dólares de gasto adicional que prevé la Rendición de Cuentas, más allá de los 50 millones de dólares que ya estaban votados en el Presupuesto Nacional.
Gabriel Oddone reveló que la mitad del gasto extra de la Rendición de Cuentas dependerá de un nuevo impuesto
El jerarca detalló en el Palacio Legislativo la ingeniería financiera del proyecto tras reunirse con la bancada de diputados del oficialismo.
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El MEF sustentará el refuerzo presupuestal mediante la quita de beneficios fiscales a la movilidad eléctrica y un cálculo al alza en la recaudación del "impuesto Temu".
En conferencia de prensa en el Parlamento, tras reunirse con la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), el jerarca sostuvo que el financiamiento provendrá de dos fuentes: la reestimación al alza de impuestos aprobados en 2025 y la quita de una exoneración fiscal vigente a autos eléctricos, que recién comenzará a aplicarse en 2027.
"Es una Rendición de Cuentas que contiene aumento de gasto, porque son esos 1.257 millones de pesos adicionales, que son 31 millones de dólares, que están contenidos en el espacio fiscal, en tanto las metas presupuestales y fiscales se mantienen", afirmó Oddone.
El dato más llamativo de la explicación oficial es que más de la mitad del refuerzo presupuestal (16,5 millones de dólares de los 31 millones de dólares totales) depende de un tributo que hoy no existe: el Imesi que pasará a gravar a determinados vehículos eléctricos recién a partir de enero de 2027. El gobierno promulgó días atrás un decreto que establece que los autos eléctricos con un valor de importación superior a 19.000 dólares pasarán a tributar ese impuesto de forma escalonada: una primera franja, de entre 19.001 dólares y 27.000 dólares, pagará un IMESI del 5%, y una segunda, a partir de 27.001 dólares, tributará el 9%.
Por lo tanto, el gobierno construyó la mitad de su nuevo gasto social sobre la base de una recaudación proyectada, sin un solo mes de historial de cobro que permita verificar si esa estimación se ajusta a la realidad del mercado.
El resto del financiamiento, según explicó el ministro, saldrá de una reestimación al alza de tres figuras tributarias aprobadas el año pasado junto con el Presupuesto Nacional: el llamado "impuesto Temu", que grava con IVA las compras en el exterior, el Impuesto Mínimo Global aplicado a las grandes empresas multinacionales, y el gravamen de IRPF a los incrementos patrimoniales derivados de activos financieros en el exterior. Sobre estos tres instrumentos, Oddone indicó que "fueron reestimados y su producido, en principio, sería mayor" al previsto originalmente, aunque no precisó en conferencia el detalle de cuánto aportará cada uno ni qué metodología se usó para la revisión al alza.
Un esquema que depende de la oposición para aprobarse
El gasto adicional de 31 millones de dólares está destinado, principalmente, a financiar la unificación del sistema de transferencias monetarias para combatir la pobreza infantil: la fusión de cuatro partidas hoy dispersas en una sola Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, con un monto que llegará a 10.000 pesos mensuales por niño en los hogares de menores ingresos. El proyecto ingresó al Parlamento el martes y comenzará a tratarse el 8 de julio, con la concurrencia del equipo económico a la Comisión de Diputados. Sin embargo, el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Representantes, por lo que necesita al menos dos votos de la oposición para aprobar la ley.
La última Rendición de Cuentas se había aprobado gracias a dos votos de Cabildo Abierto (CA), un antecedente que anticipa que la negociación política será, otra vez, decisiva para que el esquema de financiamiento planteado por Oddone efectivamente se concrete.
El ministro insistió en que el incremento de gasto no altera el esquema fiscal general y dijo: "Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma y confirma las metas fiscales definidas en el Presupuesto del año pasado". No obstante, la solidez de esa afirmación depende enteramente de que se cumplan dos supuestos todavía no verificados: que la recaudación de los tres impuestos de 2025 efectivamente sea "mayor" a la proyectada originalmente, y que la nueva carga tributaria a los vehículos eléctricos de gama alta genere los 16,5 millones de dólares anuales que el equipo económico calculó, en un mercado donde la demanda de esos vehículos podría reducirse justamente como consecuencia del nuevo impuesto, lo que tensiona la propia lógica de la proyección.
Una meta de pobreza infantil que se corre a 2029 o 2030
Sobre el impacto de la política, Oddone fue cauto respecto de los plazos y sostuvo que los primeros efectos deberían verse recién en las mediciones de pobreza de 2028 en relación a 2027, y aclaró que la meta de reducir la pobreza infantil en 25% no se alcanzará en esa primera medición. "Ese resultado es la meta a la que finalmente se arribaría con la totalidad de la política", explicó el jerarca, y ubicó el horizonte de cumplimiento en "2029 o 2030", salvo que se presente "alguna restricción fiscal adicional". La frase condicional no es menor, ya que implica que el propio ministro reconozca que el objetivo central de la reforma, una baja de un cuarto en la pobreza de los niños más pequeños, podría no cumplirse si el escenario fiscal se deteriora, exactamente el mismo escenario de menor crecimiento económico y presión sobre la recaudación que el propio equipo económico viene reconociendo desde marzo.
Oddone había adelantado el viernes anterior que se trataba de una rendición "de varios artículos y con un incremento de gasto", y remarcó que existen "cuatro prioridades establecidas: infancia, seguridad, educación y atención de personas en situación de calle". El esquema completo de la Rendición de Cuentas quedará ahora sujeto al debate parlamentario que arranca la semana próxima, en el que la oposición podrá cuestionar tanto la solidez de las proyecciones de recaudación como la extensión de los plazos para alcanzar el objetivo social que el gobierno presentó como el eje central de la propuesta.

