Uruguay pide a la CPI que investigue posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El gobierno tomó la decisión de sumarse al pedido de otras naciones ante el agravamiento de la crisis que enfrenta ese país.

Uruguay se sumó a la denuncia en la CPI contra Venezuela, por violaciones a los derechos humanos.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió sumar al Uruguay al grupo de países que solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.

El pedido formal fue remitido por el canciller Omar Paganini al fiscal de la CPI, Karim Khan, "ante el agravamiento de la crisis humanitaria e institucional que atraviesa Venezuela (...) a fin de determinar si los mismos configuran crímenes bajo competencia de la Corte y, en ese caso, que se dispongan las medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los derechos humanos que se encuentran amenazados".

La decisión del gobierno, que acompañó el pedido con información para sumar a la eventual investigación, se sustenta en el agravamiento de la represión contra la población civil y los líderes políticos opositores a manos de los servicios de seguridad del régimen de Maduro luego de las elecciones de julio. Cancillería reiteró "la inexistencia de garantías constitucionales y judiciales en un país sin independencia de poderes", en el comunicado.

La denuncia

La demanda original había sido presentada en 2018 por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, con el objetivo de que la CPI investigara posibles violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ya en ese entonces. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante el tribunal con sede en La Haya, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

La denuncia se basó en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recabó información durante nueve meses, a partir del testimonio de víctimas y testigos, así como de las evidencias de más de 40 grupos de derechos humanos; respecto de violaciones a derechos fundamentales de la población por parte del régimen de Maduro.

Entre sus conclusiones, dicho informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; y más de 12.000 venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada del líder chavista al poder. En ese sentido, señaló “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.

Ahora, Uruguay se suma a esta denuncia, entendiendo que la situación en el país bolivariano, lejos de solucionarse, se ha agravado con el paso de los años, particularmente a partir de la orden de arresto al líder opositor Edmundo González Urrutia y las múltiples represiones que han tenido lugar en las calles venezolanas ante las protestas de la ciudadanía por el aparente fraude electoral a fines de junio.

Al respecto, Paganini sostuvo que es muy grave que se persiga a los principales líderes de la oposición y afirmó que “la dictadura venezolana a cada paso que da se endurece”. “La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado y eso es muy importante. Al final, el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para alguna salida. Ojalá lo escuchen y lo entiendan”, concluyó.