El paquete presentado por el Ejecutivo busca destrabar las decisiones de inversión en infraestructura hídrica atacando la estructura de costos de UTE.
El plan anunciado en la Expo Prado readecúa los cargos fijos de la tarifa eléctrica para que el costo de la potencia no castigue los balances en los ejercicios de bajo uso del agua.
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR), Tabaré Aguerre, presentó este martes un paquete de beneficios en la tarifa de energía eléctrica destinado a incentivar la inversión en riego, en el marco de la 5ª Conferencia Agricultura y Riego realizada en la Expo Prado 2026.
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La actividad, organizada por Regadores Unidos junto con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Oriental Agropecuaria y Verde Media, contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone; de Ambiente, Edgardo Ortuño; de Industria, Fernanda Cardona, y de Ganadería, Alfredo Fratti.
Aguerre planteó que el esquema vigente hasta ahora tenía un problema y era el cargo por la potencia contratada que representaba un costo fijo elevado, sin relación con cuánto efectivamente se terminaba regando cada año. "En la enorme mayoría de los casos hay respuesta al riego", señaló, pero mientras en algunos ejercicios se aplicaron 400 milímetros de agua y en otros apenas 75, el costo fijo se mantenía siempre igual, lo que terminaba condicionando las decisiones de inversión de muchos productores.
A este conflicto se sumaba otro, vinculado a la escala: los proyectos que superaban los 250 kW de potencia quedaban automáticamente fuera de la categoría de mediano consumidor y pasaban a la de gran consumidor, un salto que explicó Aguerre implicaba directamente duplicar el costo de la energía.
La principal novedad presentada por Aguerre fue correr ese límite de 250 kW a 800 kW, de modo que un número mucho mayor de proyectos de riego pueda crecer sin caer en la categoría más cara de consumo eléctrico.
En paralelo, se fortalece un producto comercial específico: una tarifa zafral de riego, pensada para los meses en los que efectivamente se riega, que permitirá utilizar el beneficio de horario punta y llano pagando el mismo valor en los momentos en que la energía llega a costar hasta tres veces más. A eso se suma un descuento del 15% en la energía eléctrica para riego durante la zafra, que, a diferencia del esquema anterior, sujeto a un exhorto anual de las autoridades a UTE, quedará fijo de forma permanente. Según remarcó Aguerre, con este cambio se reduce a la mitad el costo fijo por potencia contratada y se genera una situación más flexible para el productor. "Cuando hay que analizar un proyecto de inversión, este debe tener previsibilidad", subrayó.
A este esquema se agrega un beneficio adicional para los proyectos multiprediales, que tendrán una bonificación extra del 5% en la calificación de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).
Aguerre explicó que el riego no es una actividad novedosa en Uruguay, surgió asociada al desarrollo del arroz, pero que en este período de gobierno se tomó la decisión política de crear una institucionalidad transversal para impulsarlo. La CEIAR está presidida por el propio presidente de la República e integrada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas, y Ambiente, y su creación forma parte de uno de los 63 objetivos trazados por el gobierno. Según Aguerre, esa mesa interministerial permite analizar de forma transversal las implicancias productivas, ambientales, sociales y territoriales de cada medida.
El coordinador de la comisión sintetizó el objetivo de fondo de la estrategia como un cambio de paradigma: pasar de ser un país que espera la lluvia a uno que la almacena y la administra. Los dos ejes de su gestión, señaló, son fortalecer lo que ya viene funcionando bien y promover la inversión privada en infraestructura de riego.
Más allá del capítulo energético, la estrategia incluye otras herramientas que el gobierno viene desplegando en paralelo. Entre ellas, una ventanilla única de inversiones en riego para agilizar los trámites de los interesados; la declaración del riego como actividad estratégica desde diciembre de 2025, a través del decreto 329, que modificó la grilla de calificación de proyectos de la Comap y elevó a un mínimo de 72% la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE); la reglamentación de los beneficios fiscales de la Ley de Riego n.° 19.553 de 2017, que fomenta la asociación de productores para construir embalses de uso común, y un decreto en elaboración en el Ministerio de Ambiente para habilitar permisos a proyectos multiprediales que quieran compartir reservas de agua entre varios predios.