Previsible subasta de la red 5G: Movistar y Claro se quedaron cada una con un bloque

La empresa estatal de telecomunicaciones Antel operará un tercer bloque de la red. Así fue la licitación.

La subasta de la red 5G en Uruguay sigue generando polémicas entre las empresas.

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La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) informó que las empresas Movistar y Claro se quedaron cada una con un bloque de frecuencias radioeléctricas en banda de 3,5 GHz para el despliegue de la red 5G en el país.

Claro, a través de su subsidiaria en el país AM Wireless Uruguay S.A, obtuvo la banda de 3300 a 3400 Mhz con una OVMA por 28.100.000 dólares, mientras que a Movistar se le asignó el derecho de uso de la frecuencia 3700-3800 Mhz por 28.051.000 dólares.

Un tercer bloque para la red 5G quedó asignado a la empresa estatal Antel.

Claro logró 4 puntos de elegibilidad vigentes, mientras que Movistar tuvo 8, de acuerdo a la información proporcionada por la Ursec.

Un camino conflictivo hasta la subasta de la red 5G

Claro, Movistar y la empresa local Dedicado presentaron distintos recursos en contra de las condiciones impuestas para la subasta de la red 5G.

Las dos primeras han criticado la posición ventajosa de Antel que llegaba a la subasta con un bloque adjudicado y, en caso que alguno de los dos en puja quedara desierto, podía optar por él.

Según Movistar, las condiciones de la subasta de 5G "son violatorias de los tratados de protección a las inversiones extranjeras" suscriptos por Uruguay. "Solo asegurando una fecha común de lanzamiento de 5G a nivel de la industria podría compensarse en parte la ventaja competitiva que se le ha otorgado a Antel", señaló.

Claro, por su parte, presentó un recurso administrativo en contra del pliego, principalmente por el precio base de cada tramo de 100 MHz, tasado en 28 millones de dólares, en tanto no tiene “fundamento”; y por la “desigualdad competitiva” que establece la asignación ya realizada a Antel de su tramo en la banda de 5G, uno de los primeros puntos observados por los privados.

En tanto Dedicado, que había prometido judicializar la subasta, denunció que ésta fue diseñada de forma tal que los requisitos para participar excluyen intencionalmente a los prestadores nacionales.