Productores advierten que la represa de Casupá no evitará nuevas sequías y piden buscar alternativas

Vecinos sostienen que el embalse perjudicará la rentabilidad de los campos ganaderos y tapará 420 hectáreas de monte nativo.

Vecinos de Casupá reclaman que OSE muestre los estudios de impacto antes de adjudicar la construcción de la obra.

En el departamento de Florida corre un arroyo pequeño llamado Casupá y el gobierno quiere construir ahí una represa, es decir, un muro grande que corte el paso del agua y forme un lago artificial que funcionaría como reserva para potabilizar y abastecer a Montevideo y a toda la región metropolitana, donde vive la mayor parte de la población del país.

La obra tendría un costo de 130 millones de dólares, financiados con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El plan es adjudicar la construcción a fin de este año y empezar las obras a principios de 2027.

Un grupo de productores rurales y residentes de la zona, que se autodenominan Vecinos del Casupá, lleva más de un año reclamando que el gobierno los escuche antes de avanzar. Uno de sus voceros, Álvaro Rivadavia, productor agropecuario de la zona, habló con Ámbito sobre los motivos del reclamo.

Por qué la nueva represa no resolvería el problema del agua

El arroyo Casupá desemboca en el río Santa Lucía, que ya cuenta con Paso Severino, la principal fuente de agua potable de Montevideo desde hace décadas. El argumento central de los vecinos es que construir una segunda represa sobre un afluente del mismo río no soluciona el problema de fondo de una futura sequía, porque sigue dependiendo del mismo sistema de agua.

Los productores plantean que sería mejor buscar agua en otra fuente que no dependa del río Santa Lucía, por ejemplo del Río de la Plata. Si bien no es ingeniero o experto en el tema, Rivadavia aclaró que la idea se basa en estudios y opiniones de técnicos que conoció durante estos meses de reclamo.

En ese sentido, el gobierno de Luis Lacalle Pou había avanzado con el proyecto Arazatí (o Neptuno), para tomar agua directamente del Río de la Plata. Ese proyecto llegó a tener los permisos ambientales aprobados y el contrato firmado durante la transición. Sin embargo, la gestión de Yamandú Orsi decidió no continuarlo y en su lugar impulsar la represa de Casupá, que había sido anticipada como la opción preferida del Frente Amplio (FA) durante la campaña electoral.

Qué pasaría con el monte y los animales de la zona

Si se construye la represa, el agua taparía 426 hectáreas de monte nativo. Según los vecinos, ese monte está entre los mejor conservados del país. El Ministerio de Ambiente (MA) había hablado de compensar esa pérdida con un vivero, para replantar árboles en otro lugar. Rivadavia cuestiona que esto sea posible: "Usted no es que saca una plantita y la reproduce en un vivero. En un área de 10 m2 tiene 10 especies que conviven en sinergia. Es imposible reconstruir eso en otro lado".

La carta que los vecinos enviaron a la CAF pide que se hagan públicos todos los estudios ambientales, sociales, económicos y de seguridad del proyecto, algo que hasta ahora no ocurrió de forma completa.

Cómo afectaría a las familias que viven en la zona

Según los vecinos, más de 90 familias se verían afectadas de manera directa por la represa. Algunas perderían parte de sus tierras porque quedarían bajo el agua. Otras perderían los caminos que hoy usan para llegar a sus campos y trasladar el ganado.

Rivadavia explica que el daño no se limita a la tierra que se inunda. Muchos de esos campos se dedican a la ganadería, una actividad que necesita combinar distintos tipos de suelo: potreros, aguadas y caminos que funcionan en conjunto. Si se pierde una parte del campo, el resto puede quedar sin la escala necesaria para seguir siendo un negocio ganadero viable, aunque no se haya inundado todo el predio. "Hay gente que realmente le va a cambiar la vida y a algunas le va a costar la vida", dijo Rivadavia.

El Estado tiene la potestad de expropiar, es decir, de comprar por la fuerza y con una indemnización las tierras necesarias para una obra declarada de interés público, como es este caso. Según cálculos de los propios vecinos, en muchos padrones el Estado no expropiaría el campo entero, sino entre un 20% y un 30% de cada uno, aunque en algunos casos llegaría hasta el 70%.

Rivadavia explica que ese porcentaje parcial es engañoso, porque justamente lo que se expropiaría son los suelos que están junto al arroyo, que son los más fértiles y los que hacen viable la ganadería. El resto del campo que queda sin expropiar son suelos de aptitud forestal, mucho menos productivos para la cría de animales. "Es como que a usted le expropien la casa, pero le digan: no le voy a expropiar la casa entera, le voy a expropiar nada más el 20%. ¿Qué 20%? El de adelante, y le dejo el fondo", ejemplificó.

Es decir, aunque en el papel a un productor solo le saquen una porción chica de su campo, esa porción puede ser la que sostiene todo el negocio ganadero. Sin ella, el resto del campo puede dejar de ser viable como explotación, aun cuando nunca haya sido inundado.

Rivadavia también cuestiona que el problema se resuelva solo con dinero y sostuvo que una indemnización puede pagar la tierra, pero no repone el trabajo ni la forma de vida de una familia que hace generaciones se dedica a la ganadería en esa zona y no tiene forma de trasladar ese oficio a otro lugar del país.

La zona tiene además una particularidad que no es común en el campo uruguayo: hay tres escuelas rurales, todas con más de cien años, ubicadas en un radio de apenas 12 kilómetros, y ninguna cerró nunca por falta de alumnos. También funciona desde hace 15 años un ómnibus que traslada todos los días a 21 estudiantes hasta el liceo de Villa del Rosario. Rivadavia remarca que esto muestra que la zona sigue teniendo población joven, algo que hoy es raro en el agro, donde muchas escuelas rurales cierran por falta de chicos.

El reclamo sobre la seguridad ante eventuales sismos

Los vecinos también piden que se estudie con más profundidad el riesgo de que la zona tenga movimientos sísmicos. Citan un estudio antiguo, hecho por la consultora española Tipsa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que habría marcado ese riesgo y calculado cuánto tiempo tendrían para evacuar distintos pueblos cercanos si la represa llegara a fallar: unos 30 minutos en Pueblo Bolívar, 3 horas en Fray Marcos y 8 horas en San Ramón.

Es importante aclarar que esto no significa que un sismo vaya a ocurrir, sino que el estudio lo marca como un riesgo posible. El propio Rivadavia lo dijo así: "Un riesgo significa que puede ocurrir ahora o dentro de 100 años, pero el riesgo está". Los vecinos también mencionan que la sismóloga uruguaya, Leda Sánchez, detectó movimientos sísmicos de magnitud 4,2 y 4,5 (escala de Richter) en la zona, y piden que un estudio independiente y actualizado analice si la represa es segura.

Cómo avanza el gobierno con la obra

Mientras los vecinos reclaman, la obra sigue su trámite. En junio, OSE publicó los pliegos de la licitación internacional para construir la represa, y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas venció el 18 de agosto. OSE aclaró que no va a elegir a la empresa ganadora hasta tener la Autorización Ambiental Previa, que todavía está en trámite en el Ministerio de Ambiente (MA). Su titular, Edgardo Ortuño, dijo que espera terminar ese estudio antes de fin de año, para poder empezar las obras a principios de 2027 y terminarlas en 2029.

El gobierno rechazó los pedidos de la oposición para frenar la licitación mientras se termina el estudio ambiental. Ortuño sostuvo que avanzar en paralelo con ambos procesos es normal y que la obra no va a empezar sin la autorización correspondiente.

En paralelo, el Partido Independiente (PI) presentó una demanda judicial para pedirle a la Justicia que frene todos los trámites de OSE, incluida la licitación, hasta que el proyecto tenga todos los estudios ambientales aprobados. Al respecto, Rivadavia admitió: "Tenemos esperanza de que este recurso ocurra".

El silencio del gobierno frente a los vecinos

Por otr parte, el productor contó que desde agosto de 2025 el grupo envió pedidos de reunión a Orsi, ministros y autoridades de OSE. También entregaron una carta en la Torre Ejecutiva, pero el presidente no los recibió personalmente. "Nosotros lo único que queremos es que nos escuche, para que después no diga 'yo no sabía'", cuestionó Rivadavia.

Los vecinos aclaran que no se oponen a que Montevideo tenga agua potable. Lo que piden es que antes de inundar una zona con familias, escuelas y un monte nativo, el gobierno muestre los estudios que justifican esa decisión y explique por qué esa sería la mejor opción frente a otras alternativas. Como resume la carta que enviaron a la CAF: "Uruguay necesita agua. Pero Uruguay también necesita conservar sus bosques, sus ríos, su biodiversidad, sus comunidades rurales y su patrimonio".

Un proyecto que viene de la dictadura

La idea de represar el arroyo Casupá no nació con este gobierno. Según contó Rivadavia, el proyecto se planteó por primera vez en la década del 70, durante la dictadura militar. En aquel momento se estudió la posibilidad de construir la represa, pero la iniciativa se descartó por las mismas razones que hoy vuelven a discutirse: el impacto ambiental y social que generaría en la zona.

Desde entonces, el proyecto volvió a aparecer en distintos momentos, pero nunca llegó a concretarse. Más de cinco décadas después, la obra volvió al centro de la agenda con el actual gobierno, luego de que se descartara la alternativa de tomar agua del Río de la Plata que había avanzado durante la administración anterior.