Proyecto Arazatí: Aguas de Montevideo busca poder apelar el fallo del juez Recarey

Las cuatro empresas privadas al frente de la construcción de la planta potabilizadora presentaron un escrito al Tribunal de Apelaciones, argumentando que se vulneró su derecho de defensa.

El consorcio a cargo de la construcción de la planta potabilizadora busca poder apelar el fallo contra el proyecto Arazatí.

Captura: Subrayado

El consorcio Aguas de Montevideo, a cargo de la construcción de la nueva planta potabilizadora en San José, presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso contra la medida cautelar del juez Alejandro Recarey, que ordenó detener el proyecto Arazatí ante la posibilidad de que la iniciativa constituya un proceso de privatización parcial en el suministro de agua potable. Para los privados, el magistrado “vulneró sus derechos” al no permitir la apelación de la resolución.

El proyecto Arazatí pasó rápidamente de ser el orgullo del gobierno a un dolor de cabeza mayúsculo tras el fallo del juez Recarey que puso en pausa la importante iniciativa. Pero también generó repercusiones entre las empresas privadas que, bajo el consorcio Aguas de Montevideo, impulsaron la construcción de la planta potabilizadora.

Por eso, Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria y Comercio LTDA presentaron un escrito ante el Tribunal de Apelaciones. El mismo es una queja por denegación de apelación, luego de que Recarey rechazara este recurso por parte del consorcio al considerar que las empresas “no son parte” en el proceso judicial, según informó El País; y a pesar de que la resolución del magistrado obliga a la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) a suspender la firma del contrato por Arazatí con esas mismas empresas.

A través del representante legal del consorcio, y junto con el escrito, también presentaron un informe realizado por el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, que fue consultado sobre posibles irregularidades en el proceder del juez.

En dicho informe, Pereira Campos señaló que, “en cualquier caso, debiera haberse permitido la comparecencia de las sociedades del Consorcio como terceros en el proceso de medidas provisionales”; y defendió que las compañías en cuestión tenían “legitimación para apelar la resolución del caso”.

"Se vulneró el esencial derecho de defensa (...) debiéndose declarar por el Tribunal de Apelaciones actuante la referida nulidad y disponerse el pasaje del caso al juez subrogante", concluyó el abogado, que es grado 5 de Derecho Procesal.

En ese sentido, el consorcio argumenta que se vio afectado por las medidas judiciales debido a que fueron las que firmaron el contrato con OSE; algo con lo que Pereira Campo está de acuerdo. Asimismo, calificó el accionar del juez Recarey como "ilegítimo", asegurando que "las sociedades del consorcio se vieron claramente afectadas", ya que "la orden judicial de no suscribir el contrato emitida contra una de las partes —el Estado— afecta a la otra parte de modo directo".

El escrito fue elevado al Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, y se espera que tome postura durante la próxima semana, cuando definirá si declara válido el planteo o si reafirma la decisión de Recarey no permitir la apelación de las empresas.

Avanzan las expropiaciones a pesar de la inhabilitación judicial

Mientras tanto, y a pesar de que la firma del contrato fue suspendida por orden judicial, el Estado ejecutó la primera expropiación de terrenos en el marco del proyecto Arazatí. Se trata de 51 hectáreas que estaban destinadas a la producción agrícola. Mientras tanto, otros productores de la zona de Rincón del Pino fueron notificados y ya preparan acciones legales a la par que el gobierno busca habilitar la iniciativa con la apelación al fallo del juez Recarey.

El proyecto Arazatí requerirá que el Estado uruguayo expropie un total que supera las 350 hectáreas para la construcción de la nueva planta potabilizadora. En consecuencia, son más de 15 las familias afectadas en una de las zonas más productivas del país y, por lo tanto, generadora de gran cantidad de puestos de trabajo.

Por este motivo, hay descontento en el lugar, que se incrementó luego de que el gobierno avanzara con la expropiación de las primeras 51 hectáreas, tal y como informó el semanario Búsqueda; incluso cuando la firma del contrato fue detenida por la Justicia.

Nucleados en el Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino, y con el apoyo de más de 2.000 firmas de ciudadanos y diversas instituciones, la preocupación también abarca la contaminación que el proyecto Arazatí generaría en el acuífero Raigón.