Proyecto Arazatí: la Intendencia de Montevideo presentó un recurso contra OSE

La acción señala que el proyecto anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou va contra la Constitución uruguaya, y busca suspender el llamado a licitación.

La Intendencia de Montevideo presentó un recurso de revocación de la resolución 1144/22 emitida por el directorio de OSE, para suspender el llamado a licitación para la construcción de la nueva planta potabilizadora uruguaya.

Gentileza montevideo.gob.uy

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó el viernes un recurso de anulación frente al Poder Ejecutivo y, en conjunto, uno de revocación ante el directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE), con el objetivo de anular la resolución 1144/22 de la empresa estatal de Uruguay que aprueba el llamado a licitación para la construcción de la nueva planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, en Arazatí.

La medida contra el proyecto también conocido como Neptuno, uno de los más importantes de la gestión de Luis Lacalle Pou y con una inversión histórica en el sector —según lo anunciado por el gobierno— se ampara en el artículo 35 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales, el cual le asigna el deber de “velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del departamento”.

En este sentido, la comuna entiende que, en tanto la construcción de la planta tiene por objeto la mejora del abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano, se encuentra legitimada a participar de todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos.

Los motivos del pedido de revocación

La Intendencia de Montevideo postula que el proceso seguido para emitir la resolución que aprueba los pliegos para el llamado a licitación del proyecto Arazatí desconoce y viola el artículo 47 de la Constitución, en tanto el directorio de OSE no cumplió con las instancias de participación social previstas en la normativa. Frente a esto, la IM impugnó la decisión empresarial y reclama la suspensión transitoria de la misma.

En el texto dirigido al presidente del directorio de OSE, Raúl Montero Gustá, la intendencia señala que no hay referencias de que los impulsores de la iniciativa privada —el consorcio Aguas Montevideo formado por las empresas Saceem, Berjes, Ciemsa y Fast— hayan cumplido con las instancias de participación social en el estudio de factibilidad del proyecto, algo que viola los derechos fundamentales de los usuarios habitantes de Montevideo.

Recursos tras recursos contra el proyecto del Poder Ejecutivo

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) también presentó un recurso ante la empresa estatal para suspender la resolución de su directorio que aprueba los pliegos para el llamado a licitación del proyecto Neptuno en tanto se consideran vulnerados y damnificados por el proyecto, a partir de lo que consideran una violación del artículo 47 de la carta magna.

Según el sindicato, la iniciativa impulsada por el oficialismo es inconstitucional ya que el agua debe ser pública y estatal, y en todo el proceso tiene que estar el Estado al 100%. Algo que, al tener empresas privadas involucradas en su mantenimiento, tal y como plantea la licitación, no se estaría cumpliendo.

Esta medida se suma a la presentación de un recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que hará el director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Y a la posible presentación de recursos por parte de la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también con el argumento de una violación del artículo 47 de la Constitución por parte de la resolución 1144/22.