Analistas sostienen que ahorristas uruguayos minoristas podrían transformarse en una fuente de financiamiento si se consolidan los instrumentos adecuados.
La eventual participación de ahorristas privados abriría una nueva etapa en el vínculo entre empresas públicas y el mercado de capitales de Uruguay.
El gobierno abrió el debate sobre una eventual participación de ahorristas privados en proyectos vinculados a empresas públicas, una iniciativa que apunta a canalizar el ahorro local hacia inversiones estratégicas; sin embargo, el alcance real de la propuesta dependerá tanto de cambios normativos como de la capacidad del mercado de capitales para absorber emisiones de gran tamaño.
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La idea fue planteada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien propuso habilitar mecanismos para que los uruguayos puedan invertir en proyectos vinculados a las compañías estatales. El objetivo sería complementar el financiamiento tradicional que estas firmas obtienen a través de organismos multilaterales o del propio Estado.
Desde el mercado financiero local valoran la iniciativa, aunque remarcan que todavía se trata de un planteo general que deberá ser afinado con definiciones técnicas y legales.
En diálogo con Ámbito, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, consideró que la propuesta puede ser un paso relevante para impulsar el mercado de capitales local, un sector que, según sostuvo, tiene una larga deuda pendiente en Uruguay. "Es una idea que no está acabada, que no está terminada, que no está definida totalmente. Es una idea global que hay que apoyar desde que nace, porque estas cosas en la bolsa del Uruguay no pasan hace muchos años y quizás no pasaron nunca", afirmó.
Urraburu señaló que el desarrollo del mercado financiero requiere definiciones políticas de fondo que históricamente han sido escasas. "Tenemos una materia pendiente en el país, que es el desarrollo del mercado de capitales para el bien del país, y hasta ahora no ha habido una definición política imprescindible para que eso suceda", insistió.
El director de Urraburu & Hijos Corredores de Bolsa también aclaró además que el planteo no supone privatizar las empresas estatales. "En ningún momento se habló de que las empresas se querían vender en su totalidad. Eso sería privatizar y está lejos de la idea del secretario de la Presidencia", subrayó.
En su visión, el esquema podría consistir en permitir la participación de accionistas minoritarios locales en determinadas empresas o proyectos vinculados al sector público. "Esto sería lograr niveles de participación de accionistas locales, minoritarios, para que las empresas tengan socios y que esos socios terminen, en algún sentido, controlando a través de las asambleas y de los órganos de control la actuación de los directorios", explicó.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la propuesta es el marco jurídico vigente. En Uruguay, los entes autónomos y servicios descentralizados como UTE, Ancap, OSE o Antel no cuentan con capital accionario y, por lo tanto, no pueden emitir acciones en el mercado.
Andrés Piazze, integrante del área de Investment Banking de Balanz Uruguay, explicó en diálogo con este medio que "para poder listar acciones en el mercado deberían transformarse en sociedades comerciales, típicamente sociedades anónimas, mediante una ley específica".
En ese sentido, tanto Piazze como Urraburu coinciden en que una alternativa más viable en el corto plazo podría ser la apertura de capital en empresas vinculadas o subsidiarias de los entes públicos.
"Una cosa es que Antel o UTE abran su paquete accionario y otra cosa es que una empresa vinculada a esas entidades emita acciones. Son cosas distintas", explicó Urraburu. El ejecutivo señaló como ejemplo proyectos específicos que podrían estructurarse bajo esa lógica. "Ese data center que se está pensando podría ser una empresa aparte de Antel, con la mayoría de las acciones en manos de Antel y una participación minoritaria de inversores que cotice en la bolsa", indicó a modo de ejemplo.
También mencionó otras empresas que podrían tener potencial para ese tipo de estructuras. "Me parece que una de las empresas que está más cerca de esto es la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) y capaz que que está pensando el secretario de la Presidencia", señaló.
Otro factor clave es la escala de las operaciones. Según los analistas del mercado financiero, emisiones vinculadas a grandes empresas públicas implicarían montos muy elevados para el mercado local.
"Hay que tener en cuenta que este tipo de emisiones implicarían tickets muy grandes para el mercado local. Colocaciones superiores a 100 millones de dólares suelen requerir la participación de inversores institucionales, como las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), bancos o aseguradoras", explicó Piazze. Sin la participación de esos actores, agregó, sería muy difícil absorber emisiones de gran tamaño únicamente con inversores minoristas.
"Si se dependiera solo de inversores minoristas o institucionales de menor escala, emisiones de ese tamaño resultarían muy difíciles de absorber. De concretarse, probablemente constituiría un hito muy importante en el desarrollo del mercado financiero uruguayo", afirmó Piazze.
Más allá de la posibilidad de emitir acciones en el futuro, los especialistas consideran que existen instrumentos que ya podrían utilizarse bajo el marco legal vigente.
"Sería saludable para el mercado de capitales que empresas públicas puedan emitir acciones, bonos o fideicomisos financieros", explicó Piazze. En particular, destacó que los fideicomisos financieros ya han sido utilizados para canalizar ahorro privado hacia proyectos de infraestructura pública.
"En el mercado uruguayo existen antecedentes de emisiones de fideicomisos financieros asociados a proyectos públicos que han demostrado ser exitosos, tanto en su colocación como en la ejecución de las inversiones", señaló.
Entre los ejemplos, Piazze mencionó proyectos vinculados a infraestructura vial, centros penitenciarios, obras educativas y generación eólica. "Un caso concreto fue el fideicomiso vinculado al parque eólico Valentines en 2016, que permitió canalizar ahorro privado hacia infraestructura energética", recordó.
El debate también involucra el costo del financiamiento. Tradicionalmente, las empresas públicas uruguayas han recurrido a organismos multilaterales como la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar grandes proyectos.
Según Piazze, esos préstamos suelen ofrecer condiciones financieras muy competitivas. "En términos generales, el financiamiento a través de organismos multilaterales suele ofrecer tasas y plazos muy competitivos, por lo que muchas veces el costo financiero puede resultar algo menor que el que se obtiene en el mercado de capitales local", indicó.
"Aunque el mercado de capitales pueda implicar en algunos casos un costo ligeramente mayor, ofrece mayor agilidad en la estructuración, flexibilidad en los instrumentos y la posibilidad de canalizar ahorro local hacia proyectos de inversión", expresó Piazze.
"Un instrumento emitido por una empresa pública probablemente tendría un riesgo cuasi soberano: serían instrumentos de bajo rendimiento, pero con muy buena calidad crediticia", explicó Piazze. El especialista agregó que el comportamiento del mercado dependerá en gran medida del historial de emisiones y del cumplimiento de los pagos.
"A medida que existan antecedentes de emisiones y de cumplimiento de pagos, el mercado podrá ir diferenciando los distintos instrumentos y cada emisión tendrá rendimientos distintos según sus características", sostuvo. En ese sentido, el eventual desarrollo de estos instrumentos podría abrir una nueva vía hacia proyectos productivos.
Para Urraburu, el objetivo de fondo es claro: "Es una manera de abrir las empresas y darles la posibilidad de que haya inversiones en ellas y capitalizarlas adecuadamente, no con rentas generales, sino con capital genuino que aporte la gente".
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