Las empresas públicas no accederán al régimen de exoneraciones fiscales

Los entes habían solicitado beneficiarse del sistema que aplica para las empresas privadas, en medio de las modificaciones implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las empresas públicas no accederán al régimen de exoneraciones fiscales.

Foto: UTE

Con los cambios introducidos al régimen de promoción de inversiones y, por ende, a los beneficios fiscales a los que acceden las empresas privadas, las compañías públicas solicitaron ser alcanzadas también por las mismas exoneraciones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desestimó el pedido.

La promoción de inversiones a través de incentivos fiscales es uno de los regímenes más sólidos y consistentes, ya que, con algunos ajustes, se mantiene vigente desde 1998. Consiste en la postulación de proyectos ante la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley para que la oficina —que opera dentro de la órbita del MEF— analice las iniciativas y sugiera al Poder Ejecutivo si otorgarle o no a las empresas en cuestión la ventaja tributaria.

Las últimas modificaciones a este régimen —que ajustan los criterios de elegibilidad para los proyectos, contempla incentivos adicionales para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y ajusta los indicadores que son computados— entraron en vigencia el pasado 1° de febrero; pero, mientras las mismas eran todavía discutidas, las empresas públicas pretendieron acceder a los beneficios fiscales en el marco de la promoción de inversiones, según informó el semanario Búsqueda.

Un pedido para competir y operar en "igualdad de condiciones"

Al respecto, la presidenta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Cecilia San Román, confirmó que se lo solicitó al Poder Ejecutivo que la petrolera estatal pudiera “acceder a los beneficios fiscales establecidos en la ley 16.906, en igualdad de condiciones que los actores privados que compiten en el mismo mercado, en el caso de actividades no monopólicas”.

Entre los argumentos esgrimidos, señaló que la actual “exclusión genera una asimetría competitiva injustificada, en los casos en que Ancap actúa en condiciones de libre competencia, lo que sería contrario al espíritu de las leyes que lo habilitan". "Esta imposibilidad de contar con dichos beneficios encarece los proyectos del ente, afectando su competitividad y capacidad de innovación”, agregó.

La decisión de solicitar al MEF la inclusión de las empresas públicas en el conocido como "régimen Comap", sin embargo, habría provenido directamente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), según señalaron desde UTE. Mientras que hubo intercambios entre las autoridades ministeriales y las de los entes, finalmente el MEF rechazó los planteos, aduciendo el impacto fiscal que tendría la medida, sobre todo en un escenario de alto déficit como el actual.

¿De qué se tratan los cambios en el régimen de inversiones?

Las modificaciones en el régimen de inversiones que ya están vigentes pusieron el foco en priorizar el empleo en “los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo”; promover la descentralización “en los departamentos del Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza"; y en "incentivar la productividad de las empresas”, a través de la actualización del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+), así como la incorporación del de sostenibilidad ambiental.

Para ello, se estableció un cambio en los criterios de puntuación, donde el peso mayor es la generación de empleo, seguido por la cualidad estratégica, sostenibilidad ambiental, adecuación tecnológica, investigación, desarrollo e innovación, aumento de exportaciones y descentralización. Sobre esto, se incorporó un componente vinculado a la industria nacional, con el objetivo de “estimular a los proyectos de inversión que generen tracción” e incorporen maquinaria, materiales y equipos de origen uruguayo; así como un indicador estratégico para actividades como ganadería, agricultura y pesca, turismo, y energía e industria.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, habrá incentivos adicionales, con el objetivo de “generar un marco que democratice el acceso a la herramienta”. Y, a la par, el nuevo decreto busca también impulsar proyectos más grandes que generen “externalidades positivas en materia de empleo y productividad".