¿Qué proponen los anfitriones frente al proyecto de ley para regular Airbnb?

El gobierno planea dar un marco a la actividad de alquileres temporarios con el objetivo de fomentar el turismo interno y externo.

Los propietarios de inmuebles ofrecidos en Airbnb tienen su reclamos frente al proyecto de ley que pretende regularizarlo.

Los dueños de propiedades que ofrecen sus servicios a turistas extranjeros y uruguayos reclaman cambios en el proyecto de ley presentado en el Parlamento a principio de año que pretende regularizar esta actividad con el objetivo de fomentar equidad en los todos los servicios turísticos.

Uno de los principales reclamos por parte de los propietarios tiene que ver con el hecho de que en el proyecto se propone exigir obligaciones tributarias similares a las que tienen los hoteles e inmobiliarias en el país. “La mayoría son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras, jubilados que ahorraron toda su vida para tener una propiedad extra”, establecen.

Con esto, establecen que es injusto que les impongan obligaciones burocráticas y tributarias parecidas a las que tienen las inmobiliarias y hoteles ya que estos poseen la infraestructura de servicios que los propietarios carecen. “Los propietarios no tienen empleados, no ofrecen servicios como desayunos, almuerzos y cenas, organización de eventos; ya que no tienen la infraestructura para hacerlo. Simplemente ponen su casa o habitaciones a alquilar”, detallan.

Por otro lado, frente a la propuesta de la creación de un Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario y la exigencia de la inscripción en las intendencias departamentales, los anfitriones proponen un registro único, general y sencillo a través de un formulario digital que tenga carácter de declaración jurada y evitar la doble tramitación.

¿Qué propone la ley?

A mediados de febrero, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento del Uruguay un proyecto de ley para regular las viviendas de uso turístico, con el propósito de que la hotelería tradicional pueda hacerle frente a la “competencia desleal” de las plataformas digitales de servicios turísticos, como Airbnb o Booking.

La presentación del documento que busca establecer mayores controles a lo que se entiende como una “industria informal”. En ese sentido, el proyecto aclara que no se refiere a “alojamiento puntual como intercambio cultural en forma esporádica, o de la persona que alquila su casa en temporada para poder descontar los gastos de sus impuestos” sino a “verdaderas empresas de alojamiento organizadas, o de particulares que hacen de ello su profesión”.

Según consta el documento, el objetivo es el de regular el alojamiento en viviendas con fines turísticos, así como la administración o explotación de las mismas por sus propietarios o terceros administradores.

En tanto, las medidas a aplicar estarán destinadas a empresas extrahoteleras y “todas aquellas que presten servicios similares a los alojamientos hoteleros registrados, sus titulares o quienes las exploten o administren” y que, a su vez, lo hagan al menos en cinco ocasiones al año y por un tiempo total de más de 90 días.

Entre las regulaciones, se prevé la creación de un nuevo registro donde se incluyan todas las viviendas de este tipo, que además tendrán la obligación de inscribirse como tales ante el gobierno departamental que les corresponda. De esta manera, dejarán de ser viviendas convencionales para convertirse en “empresas extrahoteleras”.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, las dos mayores compañías llegan a ofrecer cerca de 6.000 camas anuales cada una, un número mucho más elevado a las 1.700 camas que provee el sector tradicional.