El MEF advierte que el tope a las tasas de interés podría expulsar del crédito a las familias de bajos recursos

El equipo económico sostiene que si la tasa no cubre el riesgo de incobrabilidad, las instituciones dejarán de prestar en los sectores con más morosidad.

El MEF alertó que el vacío del crédito bancario será llenado por prestamistas ilegales, una modalidad usuraria que crece cuando el sistema formal se retrae por exceso de regulación.

Hay 700.000 uruguayos con dificultades para pagar sus deudas y otros 650.000 están catalogados como deudores irrecuperables en la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU) y, sobre ese telón de fondo, el Frente Amplio (FA) presentó su proyecto de "protección de deudores de bajos recursos", pero el propio gobierno nacional no está convencido de apoyarlo en su forma actual.

La iniciativa, impulsada por la diputada del FA, Julieta Sierra, consta de 40 artículos y apunta especialmente a los créditos de consumo, que representan más del 90% del total del país. Entre sus puntos centrales, fija el umbral de usura cuando la tasa está 35% por encima de la tasa media publicada por el BCU, propone topes a los intereses, exige transparencia obligatoria en toda oferta de crédito, tasa efectiva anual, monto total a pagar, penalidades, y busca fortalecer la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El proyecto lleva dos décadas rondando el Parlamento en distintas versiones, desde que se promulgó la Ley 18.212 de tasas de interés y usura.

Este miércoles la Comisión de Hacienda de Diputados recibió al subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, para tratar el proyecto. Lo que salió de esa reunión no fue un respaldo entusiasta, sino una señal de cautela: el MEF y el BCU están trabajando en su propia propuesta, que difiere en un punto clave del proyecto legislativo. Mientras el proyecto del FA apunta a un tope general a las tasas de interés, la alternativa del Poder Ejecutivo apunta a una segmentación por tipo de crédito. La diputada Sierra lo explicó con un ejemplo concreto: tasas diferenciadas según si el crédito se puede retener del salario (de bajo riesgo), si es consumo puro, o si proviene de distintos tipos de casas de crédito.

El argumento técnico que trajo Vallcorba a la comisión es el mismo que viene circulando en los debates sobre regulación del crédito al consumo: si se pone un tope uniforme a los intereses en un segmento donde la tasa de incobrabilidad es alta, las financieras simplemente se retiran del mercado. Si eso ocurre, las familias de bajos recursos que hoy tienen acceso, aunque caro, al crédito formal, quedan sin él. El destino probable: el préstamo gota a gota, una modalidad informal y usuraria que el propio Vallcorba mencionó en su exposición como una amenaza concreta.

La oposición aprovecha la fisura

El diputado blanco, Pablo Abdala, salió de la sesión con un argumento que le quedó cómodo: el gobierno mandó a la bancada del FA a presentar un proyecto que luego su propio Ejecutivo fue a relativizar. "El gobierno debería actuar con un poquito más de seriedad porque, en definitiva, cuando la bancada plantea iniciativas de este tipo, da señales, genera expectativas, y después el propio gobierno viene aquí y las relativiza", dijo Abdala y pidió que el proyecto legislativo quede en suspenso mientras el Ejecutivo presenta formalmente su alternativa.

Abdala también disparó contra la sustancia del proyecto, advirtiendo que "por ayudar a los que tienen dificultades en el repago de esos créditos, después queden fuera del mercado", eco del argumento de Vallcorba, pero usado con intención política diferente.

El FA reconoce que el proyecto no alcanza

La propia Sierra fue honesta sobre los límites de la iniciativa y reconoció que el proyecto "no va a resolver el problema estructural de endeudamiento" y que ese problema de fondo está atado al empleo de calidad y los salarios. Además, sostuvo que hace falta educación financiera desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y una respuesta interinstitucional de múltiples organismos. Pero subrayó que la iniciativa cumple al menos una función política: instalar un tema que siente que "es tabú" en el debate público. Veinte años de proyectos similares que no avanzaron le dan algo de razón.

Lo que queda ahora sobre la mesa es una negociación interna en el Poder Ejecutivo, MEF y BCU terminando de cerrar su propuesta, y una bancada del FA que deberá decidir si espera esa versión oficial o empuja la suya con los votos que tenga. Sin mayoría en Diputados, la respuesta casi se responde sola.