La Caja Bancaria está llegando al límite de tiempo antes de alcanzar una situación de incapacidad de pago y, mientras todavía se trabaja en una solución que logre salvar las finanzas de la institución, desde el grupo integrado por el gobierno, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y la Asociación de Bancos Privados (ABPU) ya estiman que los costos de dicha propuesta superarán los 700 millones de dólares.
Rescatar la Caja Bancaria costará más de u$s 700 M
Mientras se redacta una propuesta final, el punto pendiente para los actores involucrados es decidir cuál será el aporte de cada uno.
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Cuando se comenzó a planear una alternativa para rescatar la Caja Bancaria, las primeras estimaciones señalaban un costo necesario de 660 millones de dólares para lograr estabilizar la situación financiera crítica que, todavía, amenaza con impedir el pago regular de los haberes correspondientes a partir de las próximas semanas.
En ese sentido, un reporte divulgado por la institución señaló que las reservas al cierre del 2022 eran de 2.428 millones de pesos tras una caída interanual del 49%; y este escenario no hizo más que empeorar durante el 2023: en mayo, las reservas ya habían caído a 1.440 millones de pesos. Los fondos disponibles permitirían cubrir los pagos hasta, aproximadamente, fin de año, sin saber qué le deparará a la Caja Bancaria, y a sus 18.210 afiliados activos y 19.635 pasivos desde el 2024.
Sobre esta urgencia es necesario sumar también los tiempos que necesitará la propuesta para ser aprobada, una vez que se presente, por lo que las diferentes partes que trabajan en la búsqueda de una solución, lo hacen contrarreloj —y sorteando conflictos internos, sobre todo entre las empresas y el sindicato de bancarios. El punto más crucial es cuál será el aporte de cada uno de los involucrados para alcanzar el monto que necesita la Caja.
Un solución costosa
Mientras los bancos estatales contribuyen a prorrogar la cuenta regresiva para la Caja Bancaria, la intención del gobierno es llegar con la redacción final de la propuesta para fin de mes. Según informó El Observador, las estimaciones de costos iniciales fueron aumentando con el paso del tiempo, y la cifra original de 660 millones de dólares ya escaló por encima de los 700 millones de dólares —contemplando una estabilización de la relación entre activos y pasivos que hoy está muy desequilibrada, así como el hecho de que actualmente hay entre 1.500 y 2.000 afiliados en condición de jubilarse.
Esta cifra deberá ser minuciosamente fundamentada para lograr los votos en el Parlamento, por lo que todavía no es un número final, sino que se está terminando de ajustar el “cálculo fino”. Al respecto, la ABPU ya había señalado que la magnitud de los fondos requeridos para el rescate era tan importante que hacía difícil llegar a un acuerdo sobre su financiamiento.
Desde AEBU, en tanto, la posición es clara: que los involucrados aporten en partes iguales.
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