La Intendencia de Río Negro decidió quitar los radares de velocidad luego de que un grupo de vecinos haya reclamado durante meses que les cobraban multas excesivas; aunque la inspección del departamento no haya determinado errores, optaron por sacarlos de todas formas.
Río Negro ordenó quitar radares luego de quejas de los vecinos por multas excesivas
Pese a que la inspección no haya indicado errores, el departamento de decidió quitar los radares de velocidad.
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El fiscal de segundo turno, Joaquín Suárez, solicitó al juez de feria incautar los equipos de fotomultas que estaban siendo retirados este viernes por la mañana por la empresa privada dueña de los aparatos luego de que los vecinos hayan presentado una denuncia judicial por las fotomultas excesivas.
Los vecinos consideraron que los aparatos eran prueba para la investigación judicial que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, desde la Fiscalía pidieron que se incauten los radares, un trabajo que llevó a cabo un grupo de Bomberos y de Policía Científica que llevarán a cabo la pericia correspondiente. La orden es para todos los aparatos, incluso aquellos que todavía se encuentran en las columnas.
"Se realiza un correcto y total relevamiento de las mismas y en primera instancia determinar si había autorización o no para el retiro de las mismas", aseguró el fiscal del caso a Subrayado.
La demanda de los ciudadanos y la decisión del departamento
El intendente de Rio Negro, Omar Lafluf, había decidido rescindir el contrato con la empresa privada, una medida que iba a comunicar el 16 de enero en la junta departamental. Posteriormente, hará un llamado para una nueva licitación para que una empresa tome el lugar. "Estoy para defender a la gente, no a la empresa", aseguró el intendente. En paralelo, los denunciantes consideran un triunfo el hecho de que se haya rescindido el contrato a la empresa denunciada.
La ciudadanía entiende que la incautación de los radares es la forma correcta de probar las irregularidades luego de haber denunciado multas excesivas. Los denunciantes, sostienen que los aparatos son material de contrabando y piden que la investigación llegue a una conclusión respecto al buen funcionamiento del sistema o si se facturaron miles de multas de manera ilegal.
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