Se desarchivó la causa de Katoen Natie por el Puerto de Montevideo

Hace tres meses la Justicia reabrió la causa de la empresa belga por presuntas irregularidades en la firma del acuerdo con el gobierno.

Montecon insiste en que el Estado uruguayo impide la libre competencia en el Puerto de Montevideo.

Foto: Katoen Natie

Luego de que tres mes atrás se reabriera la causa de la empresa belga Katoen Natie, a pedido del Frente Amplio, la fiscalía resolvió desarchivar el caso por presuntas irregularidades en la firma del acuerdo con el gobierno con la empresa.

La titular de la sede de Delitos Económicos y Complejos, Silvia Porteiro, resolvió el desarchivo del caso entre el gobierno y la empresa belga, Katoen Natie que tiene al contrato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el centro de la cuestión, según el semanario Búsqueda.

La causa se había abierto haces tres meses a pedido de los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio quienes habían denunciado irregularidades en la firma del acuerdo con el gobierno donde el contrato de concesión de los contendores del Puerto de Montevideo se extendió hasta el año 2081.

¿Por qué se archivó la causa?

El entonces fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, había decidido archivar el expediente en noviembre del año pasado. Entre las razones por las que decidió archivar la causa, el fiscal Rodríguez reveló en diciembre que consideró que no existió un delito porque no hubo “abuso de poder de carácter arbitrario” con una “intención predeterminada de causar un perjuicio (a la administración o terceros) o generar un beneficio a particulares”.

Por el lado de la oposición, apuntaban que el letrado focalizó demasiado en un delito en particular, cuando en la acusación había múltiples imputaciones. Además, remarcaron que, por lo menos, el actual presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, debería estar imputado con los elementos que existen, ya que no hizo pasar por el directorio del organismo que conduce la resolución que avaló el acuerdo para la extensión de la concesión.

En la denuncia original también estaban acusados Luis Alberto Heber, que en el momento de la firma del acuerdo era ministro de Transporte y Obras Públicas; Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia; y Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas.