Sectores productivos cuestionan aumentos de costos y competencia desleal en la ley de competitividad

Productores familiares apuntaron contra la creación de un sistema de trazabilidad, y la industria advirtió sobre ventajas competitivas para nuevos importadores.

Sectores productivos cuestionan aumentos de costos y competencia desleal en la ley de competitividad.

La Cámara de Diputados del Parlamento se encuentra tratando el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida tras la media sanción en el Senado y, en ese contexto, distintos sectores productivos del Uruguay cuestionaron algunos artículos de la iniciativa que, según expresaron, van en sentido contrario al objetivo de la norma.

En ese sentido, la agrupación Un Solo Uruguay (USU) cuestionó el artículo 39 del proyecto, que dispone la creación de un sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas en el ámbito del Registro Nacional Frutihortícola, bajo la órbita de la Dirección General de la Granja (DGG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Lo que yo necesito es una ayudita, justamente, para lograr competitividad; no que me aumenten los costos”, expresó el productor familiar Alejandro Gorostidi, al respecto, ante la Comisión de Hacienda.

Según explicó ante los legisladores, el problema no es la dificultad de implementación sino que, "como todo sistema, conlleva la burocracia y el costo de gestionar una estructura". "Es un costo, y ese costo, ¿quién lo asume?", preguntó, y agregó que una de las ventajas competitivas consiste en “que haya un valor percibido y que te paguen por ese valor percibido”. “Entonces, si esto no me agrega valor, lo que me agrega es costos, sencillamente”, recalcó.

El planteo, en tanto, fue bien recibido en la bancada oficialista. Si bien el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Sequeira consideró que " incluirle trazabilidad a cualquier producto agrega valor agregado", reconoció que “no es lo mismo si estamos buscando un nuevo mercado internacional, un gran productor que persigue exportar, que un pobre productor más chico que, de pronto, apunta al mercado local y ese valor agregado no le aporta nada en términos comerciales y genera un sobrecosto”. En esa línea, adelantó que evaluarán y tendrán en cuenta lo comentado a la hora de la votación.

Un desincentivo a la industria nacional y una competencia desleal

Por su parte, también la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) cuestionó un artículo del proyecto de ley, específicamente el 140 —en el articulado original se trataba del 141, pero cambió tras las modificaciones , en la Cámara alta—, que establece un régimen simplificado para el registro de productos con vigilancia técnica y/o sanitaria en la importación. Es decir, permite la importación sin nuevos registros una vez hecho el trámite, lo que facilitaría y haría más económico el registro para importadores subsiguientes, según la explicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, desde la CIU apuntaron que esta disposición podría generar costos excesivos para fabricar en Uruguay, así como situaciones de competencia asimétrica ante una reducción de "los costos para los productos importados sin corregir antes los problemas de competitividad que encarecen la producción" a nivel local.

En diálogo con Radio Carve, el presidente de la CIU, Leonardo García, recalcó que la gremial industrial apoya "totalmente" la ley de competitividad y que, de hecho, gran parte de los elementos que integran la iniciativa fueron aportes de la Cámara. Sin embargo, "tenemos una diferencia en este artículo en particular, porque creemos que puede generar situaciones de competencia desleal o desincentivar aun más la producción local".

Al respecto, señaló que, en caso de aprobarse el artículo en cuestión, se abrirá un escenario en el que importadores "oportunistas" se aprovechen de los esfuerzos y la inversión de otros productores que asumieron los costos de registrar los productos en el país, así como las demoras consiguientes en el trámite. Asimismo, planteó habrá empresas instaladas en el territorio nacional que, repentinamente, deban competir con sus mismos productos pero traídos desde afuera bajo otros esquemas de costos; y cuestionó, también, qué sucederá cuando venzan los registros y haya que renovarlos: "¿Quién va a pagar esos costos?", se preguntó.

Por ello, insistió en la necesidad de que la competencia sea leal y que se bajen los costos de registro de productos, además de hacer el trámite más simple y dinámico. "Yo no puedo asumir costos por fabricar en el Uruguay y que alguien venga y compita con productos desde afuera, que no pague los mismos costos y reciba los mismos beneficios", apuntó García.