Empresarios reclamaron bajar costos de energía y logística para mejorar la competitividad de Uruguay

Este viernes se llevó a cabo la Expo Prado donde el sector reclamó mayores medidas al gobierno, al sector privado y a todos los actores involucrados.

Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Uruguay.

La competitividad de Uruguay requiere una agenda que vaya más allá de la reducción de trámites y costos regulatorios y avance sobre dos componentes estructurales: energía y logística; esa fue una de las principales conclusiones del encuentro “Competitividad para crecer: inversión, talento y productividad para el desarrollo”, organizado este viernes por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en la Expo Prado.

La actividad reunió al presidente de la CCE, Leonardo Loureiro; al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y al subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker. También participó el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Loureiro planteó que la competitividad no puede ser atribuida exclusivamente al gobierno ni al sector privado. “La responsabilidad es de todos, pero eso no puede significar que sea de nadie”, sostuvo.

El titular de la CCE señaló que las empresas deben invertir, innovar, incorporar tecnología, capacitar trabajadores, profesionalizarse, buscar mercados y asumir riesgos. Pero advirtió que existen costos y condiciones que una empresa individualmente no puede resolver. “Una empresa no puede construir un puerto, no puede construir carreteras, no puede abrir por sí misma nuevos mercados, no puede determinar el costo estructural de la energía ni simplificar un trámite público”, afirmó.

“La ley por sí sola no mueve la aguja”

Loureiro valoró el proceso de elaboración del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, actualmente en trámite parlamentario, especialmente por el mecanismo de consulta utilizado con los distintos actores. Entre los avances mencionó la simplificación de trámites, la reducción de tiempos, la eliminación de costos innecesarios, la facilitación del comercio y una mayor competencia.

Sin embargo, marcó un límite: “Con eso no alcanza”. Según sostuvo, la iniciativa legislativa constituye “un primer paso”, pero “por sí sola, no mueve la aguja de la competitividad”. En ese sentido, identificó la energía y la logística como dos áreas prioritarias. “La competitividad no cabe dentro de una ley. La competitividad es un sistema”, resumió.

El empresario también destacó la participación de la CCE en la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuyos pilares son competitividad, productividad y sostenibilidad. Para Loureiro, el desafío consiste en convertir una estrategia de largo plazo en transformaciones concretas en el corto y mediano plazo, mediante metas y plazos definidos.

Energía: transformar una fortaleza en ventaja competitiva

El costo energético fue uno de los principales reclamos planteados durante el encuentro. Loureiro destacó la transformación de la matriz eléctrica uruguaya y su fuerte componente renovable, pero sostuvo que el país debe dar un paso adicional: convertir esa ventaja ambiental en una ventaja económica. Según señaló, las comparaciones regionales realizadas por el propio Ministerio de Industria muestran diferencias relevantes en las tarifas que enfrentan distintos tipos de consumidores empresariales respecto de Argentina, Brasil y Chile.

El impacto, dijo, alcanza a industrias, comercios, pequeñas y medianas empresas y productores. Puso como ejemplo al sector lechero y señaló que el costo de la energía tiene un peso relevante en la estructura de costos de un tambo.

También cuestionó el esquema mediante el cual el gasoil productivo contribuye al financiamiento del transporte colectivo. Explicó que los $3 por litro destinados al fideicomiso para la movilidad sostenible representan actualmente un sobrecosto cercano al 5% y planteó revisar el mecanismo. “No está en discusión si queremos un transporte público accesible. La discusión es cómo lo financiamos”, afirmó.

El empresario también valoró la decisión del gobierno de amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo. Señaló que para setiembre el precio de referencia habría llevado el gasoil de $58,68 a $73,18 por litro, pero el Poder Ejecutivo decidió no trasladar ese incremento.

El gobierno defendió la inversión en infraestructura

Por su parte, Lucía Etcheverry, respondió a la preocupación empresarial sobre los costos logísticos destacando el papel de la infraestructura y su mantenimiento. “Tenemos 9.339 kilómetros de rutas nacionales de distintas jerarquías”, señaló y sostuvo que el desafío no pasa solamente por construir nuevos kilómetros, sino por preservar el patrimonio vial existente.

Según explicó, cada dólar invertido oportunamente en mantenimiento puede evitar posteriormente costos por unos cuatro dólares, al impedir un mayor deterioro de la infraestructura. Etcheverry destacó además el objetivo de “cerrar la malla vial” para reducir tiempos de traslado y conectar mejor las zonas productivas con los corredores logísticos.

Como ejemplo mencionó la ruta 19, cuyo nuevo trazado reduce cuatro kilómetros y elimina 24 curvas. La modificación, explicó, implica menores costos asociados al combustible, lubricantes, repuestos y depreciación de los vehículos. Otro de los ejes planteados por la ministra fue la recuperación del ferrocarril. Señaló que Uruguay cuenta por primera vez con infraestructura ferroviaria y una hoja de ruta orientada a mejorar las condiciones de competitividad de la producción.

En particular, anunció que se trabaja para iniciar la rehabilitación de la línea hacia Rivera, con la posibilidad de captar cargas tanto del norte del país como de Brasil. El proyecto incluye la rehabilitación del puente sobre el río Negro y de la línea Rivera-Norte, en coordinación con Brasil.

Etcheverry destacó además el componente laboral de las obras: una cooperativa integrada por 26 familias participa en la rehabilitación de la línea, aprovechando mano de obra especializada que había quedado desempleada tras el cierre de la fábrica de durmientes.

La jerarca también coincidió con Loureiro en la necesidad de mejorar la eficiencia logística del transporte profesional de carga y reducir los tiempos de espera que actualmente generan costos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

OPP: Uruguay necesita más inversión y productividad

Arim planteó que Uruguay parte de una posición favorable en términos de desarrollo relativo, pero enfrenta restricciones estructurales para sostener el crecimiento. Señaló que el país podría cerrar 2026 con un PIB per cápita cercano a los US$30.000 y que presenta el mayor nivel de desarrollo relativo de América Latina. Sin embargo, advirtió que Uruguay atraviesa una transición demográfica avanzada y que su población ya alcanzó una meseta, lo que limita la posibilidad de sostener el crecimiento mediante un aumento de la población.

En ese escenario, identificó la inversión como uno de los principales desafíos. Según Arim, la tasa de inversión pública y privada se ubica habitualmente en torno al 15%-16% del PIB, aunque en determinados períodos, impulsada por grandes proyectos, llegó cerca del 20%. Por eso, sostuvo que incentivar la inversión y generar mecanismos adecuados de financiamiento son condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento sostenido.

El director de OPP también puso el foco en las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 60% del empleo privado del país, y señaló que Uruguay presenta atrasos relativos en el acceso de las pymes al crédito frente a otros países de la región.

“No hay competitividad sin productividad”

Arim planteó que competitividad y productividad son conceptos inseparables y reclamó una mayor articulación entre las políticas públicas y las decisiones privadas de inversión. Entre las áreas prioritarias mencionó el riego, la infraestructura, el financiamiento, la logística, la energía y la vinculación entre el conocimiento y el sector productivo.

En ese marco, destacó la necesidad de construir “puentes sistemáticos” entre la generación de conocimiento y las empresas y puso como ejemplo el Centro de Referencia de Inteligencia Artificial recientemente inaugurado. También coincidió en que la formación y recalificación de los trabajadores serán determinantes ante los cambios tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial y formación

Loureiro sostuvo que “no existe competitividad sin talento” y utilizó los resultados de las pruebas PISA 2025 como referencia para señalar que Uruguay mantiene una posición destacada dentro de América Latina, pero todavía presenta una brecha importante frente a los países de la OCDE y los líderes mundiales.

A partir de ese diagnóstico, defendió una mayor articulación entre educación y trabajo, con énfasis en la formación dual y la recapacitación permanente.

Como ejemplo de reconversión laboral mencionó el caso de Ikea, donde una herramienta de inteligencia artificial comenzó a resolver tareas rutinarias de los call centers mientras los trabajadores fueron capacitados para desempeñarse en áreas de mayor valor agregado. “La inteligencia artificial va a cambiar trabajos. Nuestro desafío es conseguir que también genere oportunidades”, afirmó.

La discusión por la reducción de la jornada laboral

Otro de los puntos planteados por la CCE fue la reducción de la jornada laboral. Loureiro aclaró que el tema debe ser analizado, pero cuestionó la posibilidad de aplicar una solución uniforme a todos los sectores. “No es lo mismo una empresa de software que un tambo. No es lo mismo un comercio que una fábrica. No es lo mismo una oficina que una empresa que trabaja las 24 horas, los 365 días del año”, sostuvo.

La CCE propone estudiar experiencias internacionales y considerar las diferencias estructurales de cada actividad antes de avanzar. “El país no está en condiciones” de asumir un cambio de esa magnitud, afirmó Loureiro, al advertir sobre la situación de las finanzas públicas y privadas.