TCP respondió a las acusaciones del FA y desmintió haber obtenido uSs 20M de ganancias

El Frente Amplio había acusado a Katoen Natie de enriquecerse con uSs 20 millones a costas de la ANP.

Foto: @AnpComunicacion

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) respondió al comunicado del Frente Amplio donde acusan a la empresa multinacional belga Katoen Natie, que posee el 80% de la terminal, de haber ganado más 20 millones de dólares, no favoreciendo a la Administración Nacional de Puertos (ANP) que posee el 20% de la terminal.

Desde la terminal afirmaron que el dato de las ganancias por 20 millones de dólares el año pasado son incorrectas. Según el comunicado de la TCP “los balances de la empresa se encuentran aún en proceso de elaboración (por lo demás, en estricta coordinación con la ANP, en cuando socia minoritaria de TCP)” y sus resultados se conocerán próximamente.

Por otro lado, negaron que los ingresos de la ANP hayan bajado 3 millones de dólares como los afirmaba el documento del Frente Amplio, sino que “la propia ANP ha comunicado que en 2022 hubo récord histórico en sus movimientos, así como en sus ingresos” debido a “más movimientos; a la recuperación de los trasbordos provenientes de Paraguay; al cobro del canon por las operaciones de la terminal especializada; así como la distribución de utilidades”.

La acusación del Frente Amplio

El Frente Amplio emitió este martes un comunicado dirigido a TCP, en donde asegura que el próximo 21 de abril se cumplirán dos años de la firma entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie a la que acusan de un monopolio que manejará los contenedores del Puerto de Montevideo por 60 años.

Según el FA, el acuerdo "viola la Constitución", puesto que "elimina la libre competencia establecida en la Ley de Puertos", algo que genera "graves perjuicios para el Estado y enormes beneficios en favor de la empresa belga", además de "graves consecuencias" para "la producción industrial, el empleo y el costo de vida" durante "los próximos 12 períodos de gobierno".

La fuerza de izquierda sostiene que "la ANP aprobó el plan de inversiones de TCP por 455 millones de dólares sin estudiarlo", así como "un plan de financiamiento por un monto mucho mayor —672 millones de dólares—, donde "el Estado deberá aportar 134 millones de dólares". Además, se denunció que "se entregaron nuevas áreas del puerto a la concesión, incluso por fuera del acuerdo".

El comunicado fue más allá e indicó que la ANP ha ocultado información y que se radicó "una denuncia penal contra las autoridades del gobierno firmantes del acuerdo" con "la más absoluta convicción que cometieron un delito", ya que entienden que es el Poder Legislativo y no el Poder Ejecutivo el que "tiene la facultad para conceder monopolios".

A su vez, se comunicó que "preocupa el desmantelamiento que esta sufriendo la ANP por parte de este gobierno", y la "constante entrega de activos públicos al capital privado en diversas arreas de la administración pública". El FA acusa de poco "transparente" y "arbitrario" el accionar del gobierno, por lo que la continuará "denunciado en todos los ámbitos que corresponda, aun los internacionales".