11 de octubre 2023 - 10:20

Un salvataje profesional

Aprobada la Reforma de la Seguridad Social, quedan pendientes las reformas de las cajas bancaria y profesional. Por la primera hay acuerdo, por la segunda no.

La Caja de Profesionales Universitarios busca complementar los cambios que establece la  reforma de la seguridad social en Uruguay.

La Caja de Profesionales Universitarios busca complementar los cambios que establece la  reforma de la seguridad social en Uruguay.

La coalición de gobierno logró aprobar la reforma de la seguridad social, intensamente discutida en la propia interna y con la oposición. La Reforma parece reafirmada, en la medida que la iniciativa del PIT-CNT para derogarla no tiene el respaldo completo del Frente Amplio. Pero en materia de seguridad social, aún hay tareas pendientes: el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento dos proyectos de ley para rescatar las cajas bancaria y profesional, las cuales -de no procederse a cambios legales- van camino a la quiebra.

Y dado que los derechos jubilatorios están garantizados por Constitución, la quiebra implicaría que el resto de la sociedad –vía transferencias- debería financiar ese gasto jubilatorio futuro. Por esto la situación de estas cajas es particularmente sensible en términos de quién paga cuánto y para qué.

El proyecto para la Caja Bancaria llega al Parlamento con un acuerdo robusto, entre bancos, AEBU y representantes políticos; ya han articulado una solución que está cerrada y firme, por lo que parece difícil que el Parlamento abra una discusión de algo que ya tiene los costos asumidos, tanto financieros como políticos. Los pasivos aportarán más, los activos también y se jubilan más tarde, y los bancos también aportarán más, con un aumento de la Prestación Complementaria Patronal (una alícuota que se aplica sobre los activos y que - obvio es suponer- se trasladará (al menos en parte) al costo del crédito en el sistema financiero uruguayo.

Donde el acuerdo aún no aparece es en la Caja Profesional. El Poder Ejecutivo envió un proyecto que rescata la Caja, pero desde el propio directorio de la institución y desde algunos actores políticos, de la propia coalición de gobierno, piden cambios. Esto conlleva el riesgo de no encontrar una solución.

En particular hay cuatro puntos relevantes de discusión abiertos, a juzgar por lo que se ha planteado en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Un primer asunto es que los directores de la Caja aspiran a que el Parlamento incluya un aumento del 15% en los timbres profesionales. Éstos recaudan hoy unos U$S 150 millones, por lo que el aumento pedido agregaría algo más de U$S 22 millones anuales. Casi 2 tercios de la recaudación de timbres vienen de servicios de salud (medicamentos, análisis, operaciones), de manera que -de aprobarse- el aumento se cargaría en el costo de estos servicios, algo que no parece justo. El propio sistema de recaudación vía timbres es anticuado y distorsivo; extenderlo es retroceder en lugar de avanzar, pero la necesidad tiene cara de hereje.

Otro punto de discusión es el planteo de los profesionales de que el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) que pagan los jubilados profesionales no se transfieran más al BPS (como sucede hoy con todo el IASS que pagan todos los jubilados), y quede en la Caja Profesional. El planteo es razonable, pero desde el gobierno manejan argumentos contrapuestos. Señalan que en la Caja Profesional los aportes solo pagan entre 30 y 34% de la jubilación promedio, mientras en el BPS los aportes cubren el 70%. La transferencia del IASS atenúa esta asimetría (o injusticia, si se recuerda que lo que falta de aportes, lo pone el resto de los ciudadanos). El asunto me reafirma en la idea de que hace rato la Caja Profesional debería funcionar como una AFAP, donde cada uno cobra lo que aportó, capitalizado, y si hay que ayudar a las jubilaciones bajas, que se haga con transparencia y fundamento.

Finalmente, tal vez el tema más sensible: el aumento de los aportes. Para jubilados, se genera un aporte nuevo para financiar la Caja (en efecto, un recorte a la jubilación) que va de 0 a 10%; el promedio sería en torno a 8%. Para los activos, el proyecto aumenta el aporte de los profesionales de 16,5 a 19%, y habilita a que –si el resultado anual es negativo, como seguramente lo será- se aumente dicho aporte hasta 22,5% (que es el que hacen los trabajadores comunes, en el régimen general). Esto no estaba planteado en el proyecto aprobado por la Caja y lo introdujo el Ejecutivo en la versión que envió al Parlamento.

El proyecto establece también que, a partir de 2025, si la Caja establece aumentos de aportes, se autoriza al gobierno a hacer transferencias por un monto equivalente al incremento de recaudación anual por esa suba. Una suerte de “vamo y vamo”.

Las autoridades de la Caja cuestionaron en el Parlamento este esquema y plantean que los aportes del Estado comiencen antes, desde el mismo momento en que se aumenta el aporte al 19%, cosa que el Ejecutivo no avala porque implicaría una carga más sobre la sociedad, a través de mayor deuda pública.

Pero la disconformidad del Ejecutivo va más allá de los puntos técnicos específicos: la Caja Profesional generó un déficit mayor al previsto en los últimos años, algo que no fue advertido a tiempo. Ahora, luego de aprobada una primera versión del proyecto en el Directorio de la Caja (por mayoría), el Ejecutivo hizo agregados y envió al Parlamento una versión que no tiene un respaldo claro. Los representantes políticos escucharon y algunos -incluyendo legisladores de la propia coalición- dudan. Desde el Frente Amplio se pide más plazo de discusión, pero dado que hay cambios que implican nuevos aportes, se interpreta que esto no puede hacerse en el año previo a las elecciones, por lo que el proyecto debería aprobarse en este mes de octubre.

A partir de 2032, la Caja Profesional confluirá al régimen común aprobado en la reciente Reforma. Pero la transición a esa fecha está en duda y en riesgo.

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