El presidente restableció los cinco años de inhabilitación para la anestesista condenada por la muerte de Soledad Barrera.
Yamandú Orsi revocó la decisión del Ministerio de Salud Pública sobre la sanción a Mirelles.
El presidente Yamandú Orsi revocó la resolución de la ministra de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía; la decisión dejó a la jerarca en una situación políticamente comprometida y recibió el respaldo de la oposición, que reclamó su remoción del cargo.
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El decreto presidencial dejó sin efecto la resolución adoptada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 1° de octubre de 2025 y confirmó la sanción original de cinco años, dispuesta por la Comisión de Salud Pública en diciembre de 2024. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la condena penal de la profesional, dictada posteriormente a la reducción de la sanción administrativa.
La resolución fue respaldada por el diputado del Partido Nacional (PN) Federico Casaretto, quien cuestionó la actuación de Lustemberg y consideró que su continuidad al frente de la cartera quedó comprometida. El legislador había solicitado meses atrás la intervención del presidente para revertir la medida y sostuvo que la decisión del gobierno confirmó sus cuestionamientos.
El documento firmado por el Poder Ejecutivo establece: "Revócase la Resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1.° de octubre de 2025, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y en su mérito, confírmase la Resolución de la Comisión de Salud Pública N° 10/2024, de 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos".
Entre los fundamentos, el decreto recoge el informe de la División Jurídica del MSP, que consideró la existencia de nuevos elementos para revisar la reducción de la inhabilitación, especialmente la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que condenó a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.
Asimismo, el documento señala que "se incurrió en exceso de poder" y que "la gravedad de los hechos no admiten reducción alguna", argumentos con los que el Ejecutivo justificó el restablecimiento de la sanción original. La decisión contradice la postura que había defendido Lustemberg ante el Parlamento, cuando aseguró que la reducción de cinco a tres años se había ajustado a derecho y que no existió intención de favorecer a la anestesista.
Casaretto se manifestó "absolutamente de acuerdo" con la resolución presidencial y cuestionó que la ministra hubiera mantenido su postura pese a los planteos realizados desde el Parlamento y por la familia de Barrera. "¿Qué va a pasar con la ministra de Salud Pública que acaba de ser desautorizada por el presidente de la República?", planteó el diputado, quien también recordó la renuncia de 11 profesores grado cinco a la Comisión Honoraria de Salud Pública, en rechazo a la reducción de la sanción.
El legislador sostuvo que Lustemberg "queda muy mal parada" después de la intervención presidencial y consideró que su continuidad en el ministerio es insostenible. En ese sentido, reclamó su remoción y no descartó impulsar nuevas acciones desde la Cámara de Diputados. La controversia se había profundizado después de que los padres de Soledad Barrera cuestionaran la reducción de la inhabilitación. En junio, el padre de la pediatra, Néstor Fernando Núñez, entregó una carta a Orsi para solicitar su intervención y expresar su rechazo a la decisión del MSP.