La Comisión Europea presentó este martes un paquete de “herramientas” destinado a reforzar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC), en el próximo marco financiero plurianual y tras la masiva protesta agraria registrada en diciembre en Bruselas, en el marco de los avances para la firma con el Mercosur.
Acuerdo Mercosur-UE: Europa suma recursos para el agro para impulsar la firma
La Comisión propone nuevas herramientas presupuestarias para reforzar la política agraria entre 2028 y 2034 y responder a las demandas de los agricultores europeos.
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Europa suma recursos para el sector agrícola para concretar la firma del acuerdo Mercosur-UE.
En paralelo, Bruselas convocó por sorpresa para este miércoles una reunión informal con los ministros de Agricultura de la Unión Europea, con el objetivo de debatir el futuro del sector ante la posibilidad del convenio y “abordar las preocupaciones” de los productores. Los detalles de la propuesta fueron explicados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta dirigida al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides —país que ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE—, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El documento subraya que la PAC seguirá siendo, en el periodo 2028-2034, la “principal herramienta política de la UE” para garantizar ingresos justos a los agricultores, asegurar la seguridad alimentaria y mejorar el atractivo y la calidad de vida en las zonas rurales. En ese sentido, recuerda que el próximo presupuesto prevé 293.700 millones de euros para la política agraria, destinados principalmente a apoyar la renta del sector.
Como novedad, la Comisión plantea que, cuando los Estados miembros presenten sus Planes de Asociación Nacionales y Regionales, puedan acceder de forma anticipada a hasta dos tercios de los fondos que normalmente se liberan en la revisión intermedia. Esto permitiría movilizar de inmediato unos 45.000 millones de euros a partir de 2028 para apoyar a los agricultores y a las comunidades rurales.
Duplicación de los recursos para seguridad e inversión
A este refuerzo se sumará la duplicación hasta 6.300 millones de euros de la denominada Red de Seguridad de la Unidad, destinada a hacer frente a perturbaciones del mercado y estabilizar los mercados agrícolas. Además, los agricultores podrán recibir pagos de crisis con cargo al margen flexible del 10% de los planes nacionales y regionales en casos de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.
La carta también establece que al menos el 10% de los recursos de cada plan deberá destinarse a inversiones en zonas rurales, con el fin de garantizar un enfoque integral que responda a los desafíos específicos de esos territorios. Los Estados miembros asignarán estos fondos a medidas aplicables desde la fase inicial de la programación, salvo que opten por acciones específicamente dirigidas al desarrollo rural.
En total, el objetivo rural ascenderá a 48.700 millones de euros, una cifra que podría elevarse hasta 63.700 millones gracias a la posibilidad de recurrir a préstamos impulsados por instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), concebidos como catalizadores del crecimiento.
Según Von der Leyen, la combinación de estas herramientas políticas y presupuestarias proporcionará a los agricultores y a las comunidades rurales “un nivel de apoyo sin precedentes, en algunos aspectos incluso superior” al del actual ciclo presupuestario, reforzando la competitividad del sector agrícola europeo y su capacidad para enfrentar los desafíos globales.
La protesta realizada en Bruselas
La gran protesta agraria del pasado 18 de diciembre en Bruselas, que reunió a agricultores de España y otros Estados miembros, se centró en el rechazo a posibles recortes de la futura PAC y a acuerdos comerciales como el de Mercosur, al considerar que no ofrecen salvaguardas suficientes para el campo europeo.
Ese mismo día, la UE descartó en una cumbre que el acuerdo con Mercosur pudiera firmarse en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, como estaba previsto inicialmente, debido al bloqueo de Francia e Italia. En su lugar, se apuntó al 12 de enero como nueva fecha tentativa para la firma en Paraguay, a la espera de lograr el respaldo de París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.
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