La DGI prepara nueva estructura para ir tras el dinero de los altos patrimonios

Unificará el control de Patrimonio, IRPF y Primaria en un solo bloque para individuos de alto patrimonio.

Tras los casos de deuda de Primaria del presidente de la República y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuiesto (OPP), el gobierno busca terminar con los impuestos fragmentados.

Foto: MEF

La Dirección General Impositiva (DGI) avanza hacia la creación de un "segmento de altos patrimonios" que integre en un solo esquema de gestión todos los impuestos vinculados a ese universo de contribuyentes.

El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, explicó a Búsqueda que la idea apunta a reunir bajo una misma órbita el Impuesto de Enseñanza Primaria, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por arrendamientos, la distribución de dividendos, el IRPF por rentas de capital mobiliario y el Impuesto al Patrimonio de las personas físicas. Según precisó el jerarca, se trata de "todos los impuestos que tengan que ver con la rentabilización del patrimonio o con impuestos que sean específicos al patrimonio propiamente".

Consultado sobre qué monto de riqueza definiría a un contribuyente como parte de ese segmento, González Amilivia reconoció que "está todo para definirse" y remarcó que el diagnóstico de partida es la fragmentación actual: "Tenemos todo eso fragmentado. Entonces, eso (el tratamiento como segmento) es lo que tiene más sentido para nosotros".

El caso del Impuesto de Primaria como disparador

El debate cobró estado público luego de que trascendieran deudas por el Impuesto de Primaria de figuras con alta exposición política: primero el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por una propiedad en Solís, y más recientemente el propio presidente de la República, moroso por un inmueble de su titularidad y por mejoras no regularizadas ante Catastro en una vivienda familiar. Ese tributo, que pagan cerca de un millón de contribuyentes propietarios, promitentes compradores, usufructuarios y poseedores de inmuebles urbanos y rurales cuyo valor catastral supere los 282.612 pesos en 2026, funciona hoy de manera cedular y en su mayoría innominada, es decir, sin identificación directa del contribuyente.

González Amilivia calificó al Impuesto de Primaria como una "islita" dentro de la estructura de la DGI y planteó la necesidad de terminar con ese aislamiento. "La pretensión es tratar de integrar el Impuesto de Primaria como una obligación más, no como una obligación por separado", aseguró, y agregó que eso implica convertirlo en un impuesto nominado, algo que hoy no ocurre pese a que el organismo sabe a quién corresponde cada padrón.

El jerarca aclaró, de todos modos, que la recaudación de Primaria no representa el corazón del planteo. Admitió que ese tributo "ni siquiera es de cerca lo más relevante que recibe la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desde el punto de vista presupuestal", aunque remarcó que no debía desdeñarse su mecanismo de control social.

Una tendencia que la DGI dice tomar del FMI

González Amilivia enmarcó la iniciativa como parte de una corriente internacional y citó documentos del Fondo Monetario Internacional entre las referencias que recomiendan crear estructuras específicas para los contribuyentes de alto patrimonio, de forma análoga a las que ya existen para los grandes contribuyentes corporativos. "Así como tener una gestión específica sobre grandes contribuyentes, recomiendan tener una gestión específica sobre contribuyentes de alto patrimonio", indicó.

El director de Rentas no comprometió plazos concretos para la puesta en marcha del nuevo esquema. Advirtió que la reforma probablemente deba esperar a que esté consolidado el cambio organizativo asociado al nuevo plan estratégico de la DGI con horizonte a 2030, dado que requiere capacitar personal específico y construir análisis de riesgo propios para ese segmento de contribuyentes.

Más allá del impacto recaudatorio, que el propio jerarca dijo no poder dimensionar todavía, subrayó que la medida se vincula con "generar condiciones de equidad en la gestión tributaria" y con la confianza de los contribuyentes en el sistema. En ese sentido, remarcó que contar con una línea de trabajo específica sobre individuos de alta capacidad contributiva es relevante para ese objetivo.

El trasfondo político de una mayor carga a los más ricos

La discusión no es ajena al debate político uruguayo sobre la progresividad del sistema tributario. El PIT-CNT viene impulsando una mayor carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonio, una idea que hasta el momento encuentra resistencia en el Poder Ejecutivo.

Si esa discusión avanzara en el futuro, la gestión de una eventual mayor tributación sobre los más ricos quedaría, según se desprende de los dichos del jerarca, dentro de esta misma estructura de "segmento de altos patrimonios" que la DGI busca consolidar.