El gobierno avanza en materia de lavado de activos y financiamiento de los partidos políticos en el marco de la situación derivada de la Operación Trazador, que alcanzó a dirigentes del Partido Nacional (PN); un tema que abre nuevas polémicas en la relación ya tensionada entre el Frente Amplio (FA) y la oposición.
El gobierno convoca a la comisión de Lavado de Activos y suma presión al financiamiento de partidos políticos
El llamado del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, es para analizar riesgos vinculados al lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción pública.
-
Escándalo en Montevideo: el Frente Amplio y el Partido Nacional se cruzan por un asesor condenado por lavado de activos
-
Expertos reclaman mayor coordinación entre el Estado y el sector privado para combatir el lavado de activos
El gobierno convoca a la comisión de Lavado de Activos y suma presión al financiamiento de partidos políticos.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció que convocará para el próximo martes a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El llamado tiene como trasfondo el escenario derivado de la Operación Trazador, que culminó con tras personas condenadas por lavado de activos y tráfico de municiones —en una posible vinculación al narcotráfico—; una de las cuales es Pablo Leiva, exasesor del edil blanco e integrante de la Junta Departamental de Montevideo, Gonzalo Gómez.
Según informó el jerarca a través de las redes sociales, el objetivo será analizar los riesgos asociados a las operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico y a la corrupción pública, "ante la situación actual".
El financiamiento de los partidos políticos vuelve sobre la mesa
En paralelo, el Frente Amplio busca reactivar la reforma en el financiamiento de los partidos políticos tras la aprobación de la ley en 2024. Al respecto, el presidente de la fuerza política del gobierno, Fernando Pereira, se comunicó con sus partes de los demás partidos con representación parlamentaria para adelantarles que convocará a una reunión para “impulsar iniciativas como la regulación y transparencia” en el área, y en medio de un contexto de alta sensibilidad política.
La propuesta que el FA pondrá sobre la mesa tiene un contenido legislativo específico, y pretenderá prohibir las donaciones anónimas a partir de una discusión que comenzaría en la comisión especial del Parlamento dedicada al tema, según explicó el exsenador e integrante de la Mesa Política, Charles Carrera.
Cabe recordar que la normativa vigente, la ley 18.485 aprobada en junio de 2024, permite las donaciones anónimas hasta por 4.000 Unidades Indexadas (UI), unos 26.600 pesos, aunque establece que “en ningún caso la suma de contribuciones o donaciones anónimas podrá exceder el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual”. En esa línea, Pereira sostuvo que la mayor parte del financiamiento de los partidos debería estar vinculado a dinero público, en tanto eso sería lo más "sano para la democracia y el sistema de partidos”.
En la oposición, las respuestas fueron dispares: mientras que Cabildo Abierto (CA) se mostró abierto a debatir sobre el tema —bajo la condición de que no solo se establezcan controles, sino los recursos necesario para hacer cumplir las normas—, en el PN y el Partido Colorado (PC) prima la desconfianza y rechazan que deba eliminarse el financiamiento privado, en tanto esa disposición tampoco haría que desaparezca el "dinero ilegal"; y advierten sobre la situación de desventaja financiera que se generaría para los partidos opositores que recibieron menos votos en la elección y, por lo tanto menores fondos.
De todos modos, el tema ya viene tratándose a nivel institucional desde hace un tiempo, a partir de la convocatoria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), dos meses atrás, a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas, para comenzar a avanzar en mejoras al sistema de control del dinero que ingresa a la política.
