La Asamblea General tratará las conclusiones de la comisión de investigación bicameral en torno al contrato y la rescisión con el astillero español.
Los informes por Cardama llegan al Parlamento y el Frente Amplio busca "un cierre correcto" en Fiscalía.
La Cámara de Diputados comienza a tratar este miércoles los cuatro informes resultantes de la comisión especial bicameral que se instaló para investigar el proceso de adquisición y de rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV); en un escenario que sigue enfrentando a dos gestiones de gobierno.
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Desde las 14:30, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una sesión compleja, esta vez, con el caso Cardama como tema central y objeto de lo que deberán ser arduas negociaciones para lograr, aunque sea, una mínima postura común que sea apoyada por una mayoría legislativa. Es que los legisladores tratarán los informes que resultaron de la comisión investigadora especial respecto del proceso de adquisición de las patrullas oceánicas, los cuales son cuatro: uno del Frente Amplio (FA); otro de la Coalición Republicana (CR) —en su actual composición, integrada por el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI)—; otro de Cabildo Abierto (CA); y el último, de Identidad Soberana (IS).
En principio, ninguno de los informes reúne los votos necesarios para ser aprobado, dada la falta de mayorías propias en la Cámara baja; y tampoco parece que vaya a alcanzarse una moción de consenso en la previa de la sesión. Sobre todo, considerando la tensión que existe entre dos gestiones de gobierno —la anterior, hoy oposición, que firmó el contrato con Cardama; y la actual, que rescindió el vínculo contractual— y que, si bien sus informes coinciden en que hubo irregularidades, discrepan sobre cuándo se produjeron y quiénes fueron responsables.
Un punto en común de los cuatro informes, sin embargo, es la solicitud de envío del trabajo de la comisión investigadora a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en respuesta al oficio del fiscal Gilberto Rodríguez.
Según expresó el diputado frenteamplista Joaquín Garlo —miembro informante del oficialismo— a la diaria, un "cierre correcto" sería que “la documentación esté en poder de la Fiscalía y que sea la Asamblea General la que la remita, luego del arduo trabajo que ha llevado adelante la comisión, a efectos de que se investiguen en profundidad, en la órbita penal, todos estos hechos”.
Pero hasta ahí llegan las coincidencias ya que, cada informe, pone énfasis en un aspecto diferente de las irregularidades halladas durante los ocho meses de trabajo de la comisión bicameral. En ese sentido, cabe recordar que el FA afirmó en conferencia de prensa que "existieron hechos de apariencia delictiva" y apuntó contra responsables políticos, entre los que señaló, incluso, al expresidente Luis Lacalle Pou; mientras que la oposición denunció penalmente a la actual ministra de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, por el "delito de abuso innominado de funciones".
Con este tenso telón de fondo, la CR, con el diputado blanco Gabriel Gianoli como miembro informante, sostendrá ante la Asamblea General que la contratación de Cardama “carece de una serie de respaldos de decisiones administrativas" y que, durante el proceso hubo "una clara debilidad de los controles llevados a cabo por el gobierno anterior”; a la vez que el astillero español “incumplió sistemáticamente sus obligaciones y actuó de mala fe durante el procedimiento de constitución de las garantías”. También el Frente Amplio identifica a la empresa como "el principal responsable de las maniobras", pero insiste en la necesaria "intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que se hizo”.
En cuanto a la rescisión del contrato en cuestión, Garlo destacó que la actuación de la administración actual “permitió desenmascarar estas maniobras que significaban un claro perjuicio para los intereses de Uruguay”. En contrapartida, la oposición apuntará que la desvinculación contractual fue de “forma precipitada, sin buscar alternativas” y respondió a una “operación política de terminar con la construcción de las patrulleras”.
Mientras tanto, Lazo volvió a comparecer en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por el caso Cardama y el avance de la adquisición de nuevas patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. En ese sentido, la ministra sostuvo que existe el "compromiso de esta administración a que, una vez que tengamos definido el qué, el cómo y el cuándo, lo vamos a informar oportunamente".
"Nosotros venimos acá a informar, no lo no tenemos o, en definitiva, lo que se aspira a que digamos", insistió, ante la clara insatisfacción de la oposición respecto de la comparecencia: "La ministra no va a hacer anuncios que hoy no tiene", aseguró.
"A un año de la rescisión del contrato con Cardama estamos en foja cero. No hay expedientes administrativos, no hay llamados, no hay resoluciones. Se busca continuar con el proceso de búsqueda, pero en definitiva no logramos una sola respuesta y nos vamos realmente decepcionados", cuestionó Gianoli, por su parte. En la misma línea, el diputado colorado Maximiliano Campo señaló que "hace un año que se tendría que estar definiendo la compra de nuevas patrulleras", sobre todo cuando dejan libre el mar territorial para el narcotráfico y la pesca ilegal.