La Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) presentó este jueves la “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” que contiene un plan de acción para el período 2025-2030.
El vocero principal fue el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que presentó insumos de un trabajo que se realizó a partir de un relevamiento realizado en el 2024 por el gobierno anterior. Díaz fue enfático en sus declaraciones sobre el camino que esta gestión dispuso en el tema y afirmó: “Este gobierno tiene el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos y el mismo se traduce en acciones y en la exigencia de resultados”.
El jerarca explicó que este documento se elaboró a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 y de las áreas críticas identificadas en el proyecto de estrategia anterior, a lo cual se le sumaron sugerencias obtenidas en la discusión que hubo entre todos los involucrados de los sectores público y privado durante este primer semestre.
Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia
Durante el evento, del que participaron también la secretaria general de la Senaclaft, Sandra Libonatti, y el consultor Alejandro Montesdeoca, se lanzó el plan, que establece 22 objetivos, con acciones concretas a desarrollar está dividido en capítulos como fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales, medidas preventivas y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas, entre otros.
También se hace referencia a actividades detectadas como las que presentan más riesgos, como por ejemplo el narcotráfico, corrupción, el contrabando y posterior lavado, la compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol, publicidad y televisación, el fraude fiscal y las “estafas de todo tipo”.
Ante todo, resultados en materia de lavado de dinero y activos
El jerarca reiteró en su alocución la necesidad de obtener resultados reclamándoselo incluso al trabajo de fiscales y jueces. Díaz aseguró que “Uruguay hoy no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo ” y aseguró que esos resultados se miden en “formalizaciones y condenas”.
“Lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión. Algo de lo que se carece hoy, y debe generarse, que es una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores públicos y privados de que somos utilizados como vehículos para el lavado de dinero”, aseveró.
En esa línea, agregó que se debe seguir insistiendo también es en la capacitación en procesos investigativos, de policías, jueces y fiscales. “Acá el partido no es si tenemos la última norma o ley o la mejor ley o la ley más perfecta o el decreto más técnicamente redactado, el partido se juega en el plano operativo y en el plano de los resultados”, reafirmó el prosecretario.
“Podemos decir que en Uruguay no se lava, pero difícilmente se crea. Somos parte, vivimos, estamos en un determinado continente, en un determinado lugar del planeta y tenemos determinadas actividades. Lo que sí tenemos que mostrar es efectivamente que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión”, apuntó Díaz.
Y añadió: “Estamos en este momento por los números y los datos estadísticos, fíjense ustedes que en el año 2019 nosotros presentamos 50 condenas y se nos dijo que eran pocas. Hoy tenemos solamente 8”.