La suba del riesgo país que podría desembocar en un deterioro de la calificación crediticia y una presión adicional sobre las cuentas públicas son los riesgos principales que asoman de los cambios en el sistema previsional que surgen del Diálogo Social.
Mayor gasto y tensión para la calificación crediticia, los riesgos de los cambios en el sistema previsional
Un estudio de CPA Ferrere puso el foco en el impacto de las propuestas del Diálogo Social en el déficit fiscal y alertó por una posible suba del riesgo país.
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Así lo observó la consultora CPA Ferrere, que puso el foco en el impacto de un aumento el gasto sobre el todavía elevado déficit fiscal de Uruguay, al tiempo que evaluó la causal de retiro a los 60 años por su impacto en las jubilaciones y la sostenibilidad financiera del sistema.
La mira en el déficit fiscal
En primer lugar, CPA Ferrere puso el foco en el anuncio del gobierno para avanzar con un programa de combate a la pobreza y protección de la infancia, que será incorporado en la próxima Rendición de Cuentas.
Si bien todavía no se conocen estimaciones sobre el impacto fiscal, el informe indicó que un eventual aumento del gasto a partir del año próximo agregará presión a un escenario donde las cuentas públicas aparecen comprometidas y con las proyecciones del Presupuesto que anticipan una trayectoria descendente en los años siguientes, cuando el déficit suele deteriorarse en la previa a los años electorales.
En esa línea, alertó por el “poco margen de maniobra” en cuanto a las cuentas públicas y mencionó que el contexto actual es “de riesgo de incumplimiento de las metas fiscales de 2026 por el crecimiento del PIB menor al esperado”.
Presión sobre el riesgo país y la calificación crediticia
En momentos donde Uruguay sigue gozando del riesgo país más bajo de la región, CPA Ferrere consideró que la reversión parcial de la reforma de la seguridad de social de 2023 podría redundar en un aumento del spread y deterioro de la calificación crediticia.
Calificadoras de riesgo como Moody’s, Fitch, Standard & Poors (S&P), DBRS y R&I ubican al país entre BBB y BBB+, es decir dos escalones por encima del Grado Inversor, mientras que en sus últimos reportes mantenían sus perspectivas estables sobre la deuda.
No obstante, el relevamiento apuntó que la creación de una causal de retiro anticipada que habilite las jubilaciones a los 60 años podría revertir parte de las mejoras capitalizadas en la reforma de 2023, más allá de que todavía restan conocerse estimaciones de costos y estudios que sustenten la propuesta.
Para CPA Ferrere, los cambios deberán evaluarse bajo principios de neutralidad actuarial y sostenibilidad financiera del sistema previsional, con foco en la importancia de cómo fundamentar y comunicar la decisión para mitigar los riesgos.
Al evaluar un eventual empeoramiento del riesgo país en el orden de 50 puntos básicos, coincidentes con los niveles previos a 2023, “implicaría un aumento del servicio de deuda del GC-BPS de unos 270 millones de dólares anuales a largo plazo y requeriría además un mayor superávit primario para estabilizarla, restringiendo el espacio para incrementar el gasto público social”, apuntó el informe.
Las AFAP y el riesgo institucional
Por otra parte, existe un riesgo institucional por cambios en el diseño del régimen previsional, ya que las AFAP no sólo cumplen un rol clave como inversor de los fondos de ahorro previsional, sino que tienen un papel relevante en el mercado internacional de deuda soberana, operando como contraparte de los inversores internacionales que adquieren deuda uruguaya en las emisiones internacionales.
En esa línea, CPA Ferrere indicó que las administradoras hacen de “compradores/vendedores de inversores internacionales que operan con títulos uruguayos en el mercado internacional”, por lo que advirtió que “un eventual rediseño del mercado previsional que afecte la estructura del mercado de AFAP podría generar incertidumbre en el mercado internacional de deuda, con impacto potencial en el spread y la liquidez”.
En esa línea, consideró que el gobierno debe contemplar los riesgos de percepción del mercado sobre la estabilidad institucional del pilar de capitalización a largo plazo, así como las ganancias potenciales que las modificaciones pueden otorgar en términos de eficiencia competitiva y rentabilidad desde la perspectiva del afiliado. Finalmente, evaluó como “una señal positiva” el espacio de trabajo conjunto que abrió recientemente el Poder Ejecutivo con las AFAP.

