El director de la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, volvió a criticar el accionar de la empresa estatal durante la crisis del agua y cuestionó la gestión económica de las obras para enfrentar la emergencia hídrica en la zona metropolitana de Uruguay.
Crisis del agua: El FA denuncia obras caras y tardías
El director frenteamplista de OSE asegura que si las obras de emergencia se hubieran hecho en octubre o febrero, el presupuesto hubiera sido mucho menor.
-
La calidad del agua sigue mejorando, ¿cuánto puede durar la "tregua" hídrica?
-
Crisis del agua: ¿cuándo llegará la planta desalinizadora proveniente de EEUU?
Al igual que sucedió durante la crisis sanitaria originada por la pandemia de Covid-19, las compras directas fueron una situación a la que el Estado debió recurrir a través de sus empresas, por las razones de urgencia que ameritan los peores momentos de la emergencia por los niveles mínimos en las reservas de Paso Severino —que hoy tienden hacia una mejora, sino hacia la “normalización”. Durante los últimos meses, este fue el argumento utilizado por OSE.
Sin embargo, tanto Ortuño como desde el sindicato del ente (FFOSE), señalaron que si las obras se hubieran realizado cuando se decretó la emergencia agropecuaria en octubre del 2022 —la primera alerta roja sobre la situación hídrica extrema que se vivía en el país— o cuando comenzaron las restricciones al uso de agua potable en las zonas más afectadas en febrero de este año, los costos de las obras de emergencia habrían sido mucho menores.
Los gastos de OSE
Según un relevamiento realizado por el equipo del director frenteamplista en OSE, la empresa estatal gastó desde abril 38,6 millones de dólares en obras destinadas a paliar la crisis del agua. Las compras fueron dirigidas a obras de dragado y captación de aguas abajo de Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía; a la presa en Paso Belastiquí para retener el agua del Río de la Plata; y a las obras del río San José.
Pero, además, según Ortuño, la lista de gastos es larga: 129.000 dólares para la compra de la planta desalinizadora de la Universidad Tecnológica (UTEC); 600.000 dólares en reparto de agua mediante camiones a hospitales, sanatorios y escuelas públicas; otros 600.000 dólares en el reparto de agua embotellada por medio del Ministerio de Desarrollo Social; y 49.000 dólares para el suministro de emergencia de agua embotellada, entre otras acciones. En total, el equipo del director del FA en OSE estima que el costo de atender el déficit hídrico en el área metropolitana fue, hasta el momento, de 41 millones de dólares.
A entender del frenteamplista, si las obras se hubieran hecho a tiempo “hubiéramos podido procesar las compras a menores costos. Hubo un encarecimiento de estas obras de emergencia por haber sido planteadas en forma tardía”. A modo de ejemplo, señaló que la compra de las tuberías, que finalmente le terminaron costando a OSE cerca de 20 millones de dólares, podrían haberse hecho a un costo al menos ocho millones de dólares menor si se hubiera aceptado la oferta de una empresa china, que no se consideró porque los tubos demoraban un mes en llegar al país. “El gobierno terminó adoptando decisiones y medidas a un costo mayor y en plazos de emergencia y con procedimientos de compra directa a mayores costos que podrían haberse evitado con una previsión y una mejor gestión”, cuestionó.
En la misma línea, Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, evaluó que “si hubieran comenzado las obras del trasvase del río San José a tiempo, se podría haber hecho una licitación tradicional”. “Obviamente está saliendo mucho más caro, es la ineficiencia producto de haber demorado, se está gastando un montón de dinero”, afirmó.
OSE, con números en rojo
Los costos excesivos de OSE se dan en una situación en la que la empresa estatal ya estaba con problemas financieros. Entre 2019 y 2023, las inversiones cayeron en términos constantes casi 30% —contemplando el efecto inflacionario—, mientras que el presupuesto operativo se redujo 13% en el mismo período.
“Tenemos una empresa desfinanciada, cuando tendría que ser lo contrario, tendríamos que estar priorizando esa empresa pública”, cuestionó Ortuño, quien denunció que al final de la actual administración se habrá producido un recorte de 208 millones de dólares de obras respecto de lo que había previsto la administración pasada.
El gobierno actual de Luis Lacalle Pou apostó por iniciativas privadas para saneamiento y agua potable, que, de todos modos, tendrán un impacto en el presupuesto de OSE durante años. En primer lugar, el proyecto Arazatí, por el que el Estado deberá desembolsar 41 millones de dólares durante 20 años y, por otro, la iniciativa privada de saneamiento aprobada en diciembre de 2022.
Por otra parte, el sindicato denuncia que sigue cayendo el número de funcionarios, y estas son algunas de las razones por las que se declararon en conflicto esta semana, junto con otros gremios públicos.
- Temas
- Uruguay
- Crisis del agua
- OSE
Dejá tu comentario