El Banco Central del Uruguay (BCU) busca mitigar el impacto de los fraudes en el sistema financiero, posibilitado en mayor medida por los avances tecnológicos de la época, a través de un anteproyecto de ley que permita levantar el secreto bancario en casos de delitos cibernéticos.
¿Cuál es el plan del BCU para combatir ciberdelitos financieros?
El Banco Central del Uruguay presentó un anteproyecto de ley que busca mitigar el impacto de fraudes y estafas virtuales.
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Las nuevas tecnologías y, sobre todo, los canales digitales abren las puertas a un sinfín de oportunidades. Entre ellas, las de los fraudes y estafas virtuales, ataques cibernéticos que, en los últimos tiempos, se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando los ahorros de cientos de personas. Para decidir líneas de acción frente a estas situaciones, el BCU conformó en 2022 un grupo de trabajo sobre el tema, integrado por representantes del sistema financiero y del Banco Central, del cual surgieron propuestas para combatir estos delitos.
Entre ellas, destacó la que, finalmente, se convirtió en un anteproyecto de ley: el intercambio de información entre bancos y emisores de dinero electrónico, habilitando el levantamiento del secreto bancario para los casos puntuales de ciberdelitos financieros.
La información, una herramienta clave
“A pesar de los mecanismos de monitoreo y alertas existentes en las entidades del sistema financiero y de pagos”, se requieren “nuevas herramientas y más efectivas que permitan una acción ágil y coordinada”, explica el anteproyecto presentado por el BCU; y señala que dentro de los inconvenientes para el combate contra este tipo de delitos está “el impedimento legal para poder compartir información” entre las instituciones, “en el marco de investigaciones realizadas por denuncias de clientes que han perdido sus fondos al haber sido víctimas de fraude o estafa”.
“También se ha observado el caso de delincuentes, que una vez que dejan de operar en una institución de plaza, logran introducirse como cliente en otra”, agrega.
Por este motivo, desde el BCU entienden que se requieren cambios legales que permitan el intercambio de información. Según los argumentos explicitados en el documento, los cambios propuestos “permitirán una mayor efectividad en el recupero de los fondos, evitando que un mismo delincuente pueda actuar a través de distintos agentes del sistema financiero y de pagos sin ser advertido”.
Los detalles del anteproyecto
El anteproyecto consta de dos artículos: el primero agrega un inciso a la ley de Intermediación Financiera, que establece que quienes realicen intermediación financiera podrán intercambiar entre sí y con las instituciones emisoras de dinero electrónico cierta información con “carácter excepcional, con el objeto exclusivo de investigar y prevenir eventuales conductas delictivas cometidas a través de esas instituciones”.
En el segundo artículo establece que las instituciones emisoras de dinero electrónico “podrán intercambiar entre sí y con las instituciones de intermediación financiera, con carácter excepcional, la información de saldos, movimientos y operaciones correspondientes a instrumentos de dinero electrónico de sus clientes, así como la información confidencial que reciban o tengan de dichos clientes”, con el objetivo de investigar y prevenir estos delitos.
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