El juez Hernán Viri ordenó pruebas anticipadas, reclamó informes y dispuso peritajes para determinar los posibles impactos del proyecto que se hace en Paysandú.
La Justicia argentina ordenó medidas en la causa por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú.
La Justicia federal argentina ordenó una serie de medidas en la causa por la instalación de la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, al considerar que existe riesgo de daño ambiental y posibles incumplimientos del tratado binacional del río Uruguay.
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El fallo, firmado por el juez federal Hernán Viri, se inscribe en una demanda promovida por legisladores del peronismo que apunta tanto contra el Estado uruguayo como contra la empresa HIF, bajo el argumento de que el proyecto podría generar impactos ambientales irreversibles y que no se habrían cumplido los mecanismos de consulta previstos para recursos compartidos.
Entre las principales medidas dispuestas, el magistrado ordenó la producción de prueba anticipada, una herramienta procesal que busca resguardar evidencia ante el riesgo de que su obtención posterior resulte imposible o dificultosa. En ese sentido, se requirió información clave a organismos uruguayos y binacionales para determinar si el proyecto cumplió con los procedimientos ambientales y de notificación internacional.
Mientras tanto, los inversores observan atentos el proceso judicial. Los abogados de Porsche, uno de los accionistas principales del emprendimiento, se pusieron en contacto con legisladores peronistas en Buenos Aires preocupados por el impacto que esto puede tener en el futuro de la inversión, según pudo saber Ámbito.
Uno de los ejes centrales de la resolución es el pedido de informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El juez solicitó que el organismo detalle si Uruguay comunicó formalmente el proyecto de la planta y si se presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo, un requisito clave en el marco del tratado que regula el uso del río compartido.
Además, mediante exhortos internacionales, se requirió al Ministerio de Ambiente uruguayo que informe la fecha de presentación de la solicitud de autorización ambiental previa, remita copia de esa documentación y del estudio de impacto ambiental, y precise si se realizaron audiencias públicas durante el proceso de evaluación.
La Justicia también avanzó sobre aspectos societarios y financieros del emprendimiento. En ese sentido, ordenó al Registro Nacional de Comercio uruguayo que informe la dirección legal, composición accionaria y legajos de HIF y sus vinculadas. A su vez, pidió al Banco Central del Uruguay (BCU) que identifique a los beneficiarios finales de la compañía, en línea con las normas de transparencia.
En el plano técnico, Viri dispuso la designación de un perito biólogo de oficio, quien deberá expedirse sobre los posibles impactos ambientales del proyecto según los puntos planteados en la demanda. También se prevé la realización de un reconocimiento judicial en la zona, que se concretará una vez que el experto acepte el cargo.
En contraste, el juez rechazó la producción de prueba testimonial en esta etapa al considerar que no se acreditó la urgencia necesaria para su anticipación. Finalmente, y para garantizar el debido proceso, se dio intervención a la Defensoría Pública Oficial, teniendo en cuenta que las partes demandadas se encuentran en el exterior.
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