El Poder Ejecutivo publicó el decreto de creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que estará encargada no solo de coordinar y articular el diálogo social en torno al sistema previsional, sino que también deberá encarar la nueva reforma jubilatoria en Uruguay.
Diálogo social: el gobierno da un año para volver a reformar el sistema previsional
El Poder Ejecutivo decretó la creación de la comisión que articulará diálogo por la seguridad social, que tendrá hasta el 30 de abril de 2026 para presentar "resultados y propuestas".
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El gobierno creó la comisión que llevará a cabo el diálogo social por la reforma jubilatoria.
Tal y como había anunciado el presidente Yamandú Orsi tras el primer Consejo de Ministros, el gobierno creó por decreto la comisión que estará a cargo del diálogo social en materia previsional, una de las propuestas de campaña más fuertes del Frente Amplio (FA) —a modo de alternativa tanto de la reforma de la seguridad social del gobierno de Luis Lacalle Pou como del plebiscito impulsado por el PIT-CNT.
La comisión será el "ámbito de articulación y coordinación interinstitucional en matera de protección y seguridad social", y estará bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Asimismo, estará integrada por representantes de la OPP, de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Economía y Finanzas (MEF), Desarrollo Social (Mides) y Salud Pública (MSP), y por el Banco de Previsión Social (BPS).
En tanto, el objetivo general será "analizar, diseñar, proponer y coordinar políticas públicas en mater de protección y seguridad social, garantizando un abordaje integral y equitativo de las necesidades de la población en términos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad del sistema", según establece el decreto presidencial.
Por otra parte, entre los objetivos específicos destacan el asesoramiento el Poder Ejecutivo en la formulación de políticas y estrategias en materia previsional; el análisis de los impactos en la dinámica demográfica y los procesos de transformación en el mercado de trabajo, paralelos a los cambios previsionales; la propuesta de modificaciones que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a mediano y largo plazo; dar participación a actores públicos, privados y sociales en la discusión de reformas en el área; y la implementación y coordinación del diálogo social "para impulsar los cambios que fueran pertinentes en la matriz de protección y seguridad social".
El diálogo social podría extenderse hasta un año
La Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social tendrá diferentes plazos de trabajo, los cuales también fueron establecidos en el decreto del Poder Ejecutivo. El más inmediato es el que refiere a la presentación de los aspectos centrales del diálogo social: así, deberá aprobar un documento público que contenga estos puntos en un plazo no mayor a los 30 días desde la instalación de la comisión.
Es decir, en poco más de un mes deberán estar configurados ya la estructura, las formas de participación, el funcionamiento, los ejes temáticos y otros ámbitos de trabajo que se consideren relevantes respecto del diálogo social.
De todos modos, el decreto establece de antemano que el diálogo deberá diseñarse "de modo que incluya la diversidad de perspectivas sobre la protección y seguridad social", fomentando "la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones sociales más representativas y los partidos políticos con representación parlamentaria", y convocando también a "las instituciones académicas, los centros de estudio y organismos internacionales especializados"; con el objetivo de alcanzar los acuerdos más amplios posibles a través de un diálogo informado, transparente y de la mayor calidad.
"Sin perjuicio de los insumos generados durante el proceso deliberativo, fíjese el 30 de abril de 2026 como plazo máximo para la presentación ante el Poder Ejecutivo de los resultados y propuestas que surjan del Diálogo Social", finaliza el decreto. Este límite podrá ser prorrogado hasta pro 45 días, previo informe fundado.


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