Diputados interpela al quinto ministro de Yamandú Orsi en el año

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, deberá responder sobre un posible "abuso de poder" en el accionar de la Jutep en el caso Danza.

Diputados interpela a José Carlos Mahía, el quinto ministro de Yamandú Orsi llamado a sala en el año.

El ministro de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, es interpelado este martes en la Cámara de Diputados, con motivo de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

Pese a ser un organismo independiente, el MEC es el ministerio del que depende la Jutep en el plano administrativo; y es por esto que Mahía fue convocado a sala para que dé explicaciones respecto de lo que la oposición considera una actuación insatisfactoria y opaca respecto del caso Danza, y el informe que declaró compatibles sus funciones públicas con sus cargos privados.

De esta forma, el titular de Educación se convirtió en el quinto ministro de la actual administración en ser interpelado en menos de diez meses de gobierno, y el tercero en un lapso de apenas 20 días.

"Decisiones totalitarias" de la Jutep

La interpelación tiene lugar en la Cámara de Diputados, a cargo del legislador del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala. Cuando se interrogó a la ministra de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, por el mismo caso, también el escenario fue la Cámara baja, pero en aquella ocasión el miembro interpelante fue Gerardo Sotelo, del Partido Independiente (PI).

"Nos resultó curioso o llamativo que el ministro no se haya hecho acompañar por las autoridades de la Jutep, pero es su derecho resolver si convoca o no a las autoridades del organismo", cuestionó Abdala a Mahía en el inicio de la cita.

"El punto de partida de la interpelación del día de hoy tiene que ver con una situación institucionalmente muy delicada y muy grave. Una situación que ya hemos catalogado públicamente como de abuso de poder", sostuvo el legislador, al referirse al accionar de la mayoría del Directorio de la Jutep.

Según Abdala, existió “inconducta funcional” por parte de los directores oficialistas y, en particular, de la presidenta del organismo, Ana Ferraris. “Violaron notoriamente la independencia técnica y de criterio para servir un interés partidario, un interés político que es el del gobierno que integran y representan”, remarcó.

"Un verdadero fraude" y críticas al proceso interno

El diputado nacionalista calificó la resolución de la Jutep como "un verdadero fraude". "Es una resolución de alto contenido político, a los efectos de cumplir una finalidad política: servir al relato oficial en relación al caso Danza, con una suerte de ropaje jurídico que claramente representa una extralimitación", afirmó.

Abdala denunció además irregularidades en el procedimiento interno del organismo. Señaló que en el expediente "no se agregan los informes que no son favorables para el doctor Danza" y explicó que una consulta ciudadana sobre una eventual incompatibilidad fue desviada del trámite recomendado por la asesoría jurídica.

"Cuando esa consulta llega a la jurídica, se recomienda su traslado al departamento de Transparencia Pasiva. La presidenta del Directorio evita esa recomendación, la desconoce y el expediente jamás llega", sostuvo.

Totalitarismo y pedido de renuncia

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Abdala aseguró que "este tipo de decisiones son propias de los gobiernos totalitarios", aunque aclaró que no estaba atribuyendo fines totalitarios al gobierno ni al Frente Amplio (FA).

"Que no lo sea no quiere decir que el gobierno haya incurrido en comportamientos o decisiones que en sí mismas tienen naturaleza totalitaria", agregó, y vinculó el fallo con un contexto político marcado por "malas noticias", renuncias y una baja aprobación en las encuestas.

El legislador pidió formalmente la renuncia de la presidenta de la Jutep. "La presidenta no puede permanecer en su cargo porque ni siquiera cumple con las normas que ella misma aprueba", afirmó, y advirtió que su actuación podría tener implicancias en otros expedientes vinculados a denuncias en intendencias como Salto y Lavalleja.

La defensa de Mahía: "No hubo manipulación ni presión indebida"

En su respuesta, el ministro de Educación y Cultura rechazó de plano las acusaciones. Explicó que la Jutep, como servicio descentralizado, no está sometida a subordinación jerárquica del Poder Ejecutivo, sino a una tutela administrativa limitada al control de legalidad.

"El fallo de la Jutep está dentro de sus competencias, más allá de que su contenido pueda ser opinable", sostuvo Mahía, y afirmó que no correspondía interponer un recurso anulatorio porque la resolución fue legítima.

"No hubo irregularidades institucionales, no hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho", enfatizó. Además, aseguró que el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia alguna en el dictamen. "Nadie, ni el presidente ni nadie en su nombre, me pidió que actuara sobre este tema, y tampoco lo aceptaría", afirmó.

Informes jurídicos y desacuerdo técnico

Mahía explicó que el fallo se apoyó en informes jurídicos, entre ellos del estudio Delpiazzo y del Ministerio de Salud Pública (MSP), que concluyeron que no existió incompatibilidad constitucional. Reconoció que la asesoría letrada de la Jutep había sostenido una posición contraria, pero recordó que esos informes "no son vinculantes".

"El directorio puede apartarse de ellos en forma debidamente fundada y motivada, que es como terminó laudando la Jutep", señaló. En ese sentido, consideró que "hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica".

Cruces y propuestas desde la oposición

Desde otros sectores de la oposición, el diputado colorado, Conrado Rodríguez, planteó que el Poder Ejecutivo podría haber observado el fallo en base al artículo 197 de la Constitución y propuso un rediseño institucional de la Jutep, sugiriendo que esté integrada por exmagistrados judiciales para reforzar su independencia.

El diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, cuestionó si la presidenta de la Jutep actúa conforme a la Ley de Ética en la Función Pública o condicionada por el contexto político de su designación, y advirtió sobre el riesgo de presiones partidarias aun sin intervención directa del Ejecutivo.

La interpelación cerró con un fuerte contrapunto entre oficialismo y oposición, dejando abierta la discusión sobre el funcionamiento, la independencia y el diseño institucional de la Jutep en casos de alto impacto político.